Oidhaco preparó 11 fichas con temas relacionados a derechos humanos y paz en Colombia.
En cada ficha se da un breve resumen del tema relevante de la coyuntura colombiano y relacionado a la situación de derechos humanos y humanitaria en el país. Al final de cada ficha hay recomendaciones concretas dirigidas hacia las instituciones europeas: Parlamento Europeo, Servicio de Acción Exterior, Comisión Europea y Consejo Europeo.
Comunicado público de Oidhaco y de la Coordinación Belga por Colombia (CBC) sobre el proyecto de ley buscando reformar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
En el marco del trámite del proyecto de ley 131 de 2018, buscando reformar la ley 1448 de 2011 sobre Víctimas y Restitución de Tierras, Oidhaco – la Oficina Internacional para los Derechos Humanos –Acción Colombia, y la Coordinación Belga por Colombia (CBC) manifiestan su preocupación por la posible adopción por el Congreso de la República de medidas regresivas en materia de derechos de restitución de tierras otorgados a las víctimas de despojo y desplazamiento forzado.
Carta Eurodiputados expresan preocupacion frente al Proyecto de Ley Número 131 de 2018, que obstaculizaría el proceso de restitución de tierras establecido en la Ley 1448 de 2011
Hemos conocido de la iniciativa legislativa (Proyecto de Ley Número 131 de 2018) propuesta por la Senadora María Fernanda Cabal, miembro del partido de Gobierno en Colombia, que obstaculizaría el proceso de restitución de tierras establecido en la Ley 1448 de 2011. Nos preocupa este proyecto de Ley porque podría resultar contrario al buen desarrollo del proceso de paz, toda vez que negaría el legítimo derecho de las víctimas, para en cambio dar prioridad a proyectos agroindustriales e inversiones extranjeras en sectores extractivos, sobre tierras que han sido despojadas en el marco del conflicto armado colombiano.
En Colombia la impunidad no puede estar por encima del derecho a la verdad de las víctimas.
Documpento Elaborado por plataformas y organizaciones internacionales
Tabla de contenido: -Cooperación con mecanismos e instancias de las Naciones Unidas -Conflicto armado -Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona -Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y Estado de derecho -Libertades de expresión, reunión, asociación y manifestación pacíficas -Derechos económicos, sociales y culturales -Pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes
Sobre la política europea hacia Colombia El 23 de mayo de 2008, en Paris y de manera paralela a su asamblea general, OIDHACO presentó a la prensa sus recomendaciones sobre Colombia, dirigidas a las presidencias eslovena y francesa de la Unión Europea
El 23 de mayo de 2008, en Paris y de manera paralela a su asamblea general, OIDHACO presentó a la prensa sus recomendaciones sobre Colombia, dirigidas a las presidencias eslovena y francesa de la Unión Europea (UE). El documento, que ha sido respaldado por 60 organizaciones europeas, había sido previamente presentado a los gobiernos de Eslovenia (7 de mayo) y de Francia (22 de mayo).
Colombia debe cumplir con las recomendaciones en materia de Derechos Humanos “La defensa de los derechos humanos es un compromiso firme e indeclinable” , con estas palabras el nuevo presidente de Colombia anuncia una voluntad política positiva. Sin emb
“La defensa de los derechos humanos es un compromiso firme e indeclinable” (1) , con estas palabras el nuevo presidente de Colombia anuncia una voluntad política positiva. Sin embargo creemos que no es suficiente. A pesar de lo que suele decirse tanto en la prensa nacional como internacional, la situación de los Derechos Humanos en Colombia no está mejorando. Reconocemos que las cosas no son estáticas y que se pueden vislumbrar cambios. Sin embargo, todavía no se puede hablar de mejoras. La situación sigue siendo grave y preocupante y tendría que ser tomada como tal tanto por el Gobierno Colombiano como por la Unión Europea.
Sobre la marcha del 4 de febrero La marcha del 4 de febrero contra las FARC-EP y contra el secuestro ha sido un hecho político de relevancia protagonizado por parte importante del pueblo colombiano.
a marcha del 4 de febrero contra las FARC-EP y contra el secuestro ha sido un hecho político de relevancia protagonizado por parte importante del pueblo colombiano. Se trató de una manifestación pacífica dirigida fundamentalmente a una de las partes del conflicto armado interno que vive Colombia. Las FARC-EP han sido responsables de infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario que sin duda han motivado a muchos colombianos a manifestar su censura contra ese grupo guerrillero.
Crisis regional y derechos humanos El operativo militar llevado a cabo por la fuerza pública colombiana en territorio ecuatoriano y que culminó con la muerte del número dos y vocero de las FARC…
El operativo militar llevado a cabo por la fuerza pública colombiana en territorio ecuatoriano y que culminó con la muerte del número dos y vocero de las FARC, además de ser un golpe militar y simbólico contra este grupo armado, revela por las formas y el momento en que se da, que la prioridad del gobierno colombiano sigue siendo, más que nunca, la guerra.
La justicia colombiana empieza a romper la inercia de la impunidad Para quienes, desde los países europeos, trabajamos por el respeto a los derechos humanos en Colombia, es satisfactorio ver los avances de la justicia colombiana…
Es importante destacar las investigaciones judiciales contra militares por la masacre de San José de Apartadó (febrero de 2005) y por los desaparecidos del Palacio de Justicia (noviembre de 1986). Igualmente destacables son las investigaciones sobre la relación entre políticos y grupos paramilitares, -conocida como parapolítica- adelantadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía. Producto de dichas investigaciones, al escribir estas líneas, 61 miembros del Congreso colombiano están investigados penalmente por su relación con grupos paramilitares y 29 de ellos están encarcelados. Entre estos últimos figura el Senador Mario Uribe, primo y aliado político del Presidente Uribe, a quien el gobierno de Costa Rica negó el asilo. La detención preventiva de muchos de estos presuntos responsables de violaciones de los derechos humanos es un indicador adicional de la seria voluntad de impartir justicia.
Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.
Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.
La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.
Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.
Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.