Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia

Colombia celebra hoy el cuarto aniversario del Acuerdo de Paz bajo alerta por el deterioro de la situación humanitaria y estancamiento del proceso

El 24 de noviembre se cumplen cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (el Acuerdo) en el Teatro Colón en Bogotá. El Acuerdo buscó terminar un conflicto armado que duró 52 años y dejó más de 8 millones de personas víctimas. Fue resultado de cuatro años de negociaciones entre las partes, incluyó medidas para eliminar las causas estructurales del conflicto armado y así prevenir su repetición, pero no incluyó otros actores ilegales armados como el ELN y/o grupos paramilitares. Tras cuatro años de su implementación, el balance de la implementación es preocupante.

Según el Instituto Kroc, el 25 por ciento de las disposiciones del Acuerdo se han implementado completamente y el 23 por ciento no ha iniciado su implementación. Sin embargo, en2019 solo se avanzó en un 2 por ciento.[1] Al ritmo actual de implementación, solo la mitad de las disposiciones contempladas para implementarse entre 2020 y 2022 estarán completas en este mismo periodo.[2] El capítulo sobre Reforma Rural Integral, donde está enfocado el apoyo de la Unión Europea, es el que menos avance conoce: solo el 4% está completamente implementado.

El otro enfoque del apoyo europeo es el proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc-Ep. Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 241 firmantes del Acuerdo de Paz.[3]

Los enfoques de género y étnico, transversales al Acuerdo, siguen teniendo una implementación más lenta que la implementación general. Según GPAZ, solo 13 de las 122 medidas en el Acuerdo se han cumplido.[4] En el periodo del actual Gobierno se ha hecho una priorización que deja 71 de las 122 medidas despriorizadas para ser implementadas.[5] El Acuerdo de Paz ha abierto nuevos espacios de participación para las mujeres pero actualmente, sobre todo en zonas rurales, ha aumentado su riesgo. Existe una exclusión sistemática de la población LGBTI de las políticas de implementación del Acuerdo.[6] Sólo 10 por ciento de las disposiciones del enfoque étnico han sido completadas. Además, la violencia contra las comunidades étnicas se ha intensificado[7]: 105 líderes indígenas y afrodescendientes han sido asesinados en 2020 según Indepaz.[8]

El Gobierno Duque, en reiteradas ocasiones, ha obstruido o frenado la implementación del Acuerdo al no prever los recursos necesarios en el Plan Nacional de Desarrollo, afectando entre otros, la Reforma Rural Integral, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

La falta de una implementación ágil e integral del Acuerdo de Paz es uno de los factores que alimenta el deterioro de la situación de confrontación armada en los territorios. Estos generan desplazamiento forzado, masacres de la población civil (74 en 2020)[9], confinamiento, amenazas y asesinatos y afecta de forma desproporcionada a la población campesina y/o perteneciente a minorías étnicas. Así mismo, los elementos previstos en el Acuerdo de paz para mejorar la protección de personas defensoras de derechos humanos no se implementan o solo de forma parcial o lenta, como en el caso de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad o una Unidad Especial de la Fiscalía.

Oidhaco por lo tanto pide que la comunidad internacional:

  • Inste al Gobierno colombiano a seguir avanzando con celeridad en la implementación integral del Acuerdo de Paz.
  • Siga demostrando su apoyo político al Acuerdo de Paz y a su implementación integral, y a la vez destacando que el actor principal de la implementación debe ser el estado colombiano.
  • Inste al Gobierno colombiano a retomar el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y avance en el desmantelamiento de otros grupos armados activos en los territorios.

Mayores informes: Jorge Gómez, Coordinador de Oidhaco, oidhaco@oidhaco.org, tel. +32 2 5361913


[1] Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, 2020. Avance de la implementación hasta noviembre del 2019

[2] La Silla Vacía. Las 12 alertas del cuarto informe del Instituto Kroc. 10 de julio 2020

[3] Contagioradio. Tres firmantes de paz asesinados en Chocó, Caquetá y Putumayo. 17 de noviembre 2020

[4] La Silla Vacía. Implementación del Acuerdo de Paz no toca todavía la vida de las mujeres. 18 de noviembre 2020

[5] La Silla Vacía. Implementación del Acuerdo de Paz no toca todavía la vida de las mujeres. 18 de noviembre 2020

[6] CERAC; CINEP; GPAZ – ibídem Silla Vacía.

[7] La Silla Vacía. Las 12 alertas del cuarto informe del Instituto Kroc. 10 de julio 2020

[8] Indepaz. Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2020. Hasta 15 de noviembre 2020.

[9] Indepaz, Informe de masacres en Colombia durante el 2020 con corte hasta el 14 de noviembre 2020 [último acceso 19 de noviembre 2020].

Paquete informativo – 11 fichas temáticas sobre derechos humanos y paz en Colombia

Oidhaco preparó 11 fichas con temas relacionados a derechos humanos y paz en Colombia.

En cada ficha se da un breve resumen del tema relevante de la coyuntura colombiano y relacionado a la situación de derechos humanos y humanitaria en el país. Al final de cada ficha hay recomendaciones concretas dirigidas hacia las instituciones europeas: Parlamento Europeo, Servicio de Acción Exterior, Comisión Europea y Consejo Europeo.

OIDHACO lamenta retoma de armas por grupo de las Farc-Ep y llama al apoyo internacional para quienes defienden la paz

Iván Márquez y otros comandantes de las FARC-EP, anunciaron su decisión de retomar las armas. Frente a este pronunciamiento, Oidhaco reitera la importancia que la comunidad internacional sigue apoyando a quienes defienden la paz

El 29 de agosto de 2019, Iván Márquez, en la presencia de otros comandantes de las FARC-EP, anunció en un video mensaje su decisión de retomar las armas. Frente a este pronunciamiento, Oidhaco reitera la importancia que la comunidad internacional continúe apoyando a los actores de la sociedad colombiana que están trabajando por la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Farc-Ep y la construcción de paz en Colombia.

Alto riesgo de asesinatos, desplazamiento forzado y confinamiento de reclamantes de tierra en el Bajo Atrato

Oidhaco expresa su profunda preocupación frente a la presencia y a los enfrentamientos entre actores armados en las cuencas de Jiguamiandó y Curbaradó, región de Urabá, noroccidente de Colombia.

La Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (Oidhaco) expresa su profunda preocupación frente a la presencia y a los enfrentamientos entre actores armados en las cuencas de Jiguamiandó y Curbaradó (región de Urabá, noroccidente de Colombia) amenazando y atentando contra la integridad física y emocional de las comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas de la región.  

El fuero penal militar: Impunidad y luz verde a la Fuerza pública para que siga cometiendo crímenes

Actitud preocupante de la UE frente a una reforma que protege a la FFPP frente a la justicia y desprotege a sus víctimas.

Bruselas, 27 de junio de 2013. El 17 de junio, el Congreso aprobó la Ley estatutaria que reglamenta la reforma al fuero penal militar. Una ley que profundiza las preocupaciones generadas por la reforma constitucional al fuero penal militar. Y mientras el Congreso aprobaba esta ley de forma definitiva, la UE estaba en el Diálogo en derechos humanos con Colombia. Sin embargo, en lugar de expresar su preocupación, la UE ofreció su cooperación para la implementación de esta reforma. Y lo mismo hizo cuando, esta semana, el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, fiero defensor de esta reforma, visitó Bruselas. Esta actitud de la UE resulta sumamente preocupante dado la gravedad de esta reforma que va en contra de los estándares internacionales en derechos humanos y ha sido fuertemente criticada, entre otros, por la ONU.

Reglamentación de la reforma a la justicia penal militar – documento de análisis

El proyecto de ley, a punto de ser aprobado, profundiza y extiende los aspectos de preocupación de la reforma al fuero penal militar. Revierte la lógica del DIH al convertirlo en un instrumento de protección de la Fuerza pública frente a la justicia.

Análisis realizado por Oidhaco en el cual se presentan los principales aspectos de preocupación frente al proyecto de ley que reglamenta la reforma al fuero penal militar y pretende “precisar” las reglas del derecho internacional humanitario (DIH).

Amenazas contra la independencia de la justicia y consolidación de la impunidad en Colombia

Documentos de análisis de recientes reformas que generan preocupación – Fuero penal militar, marco legal para la paz, reformas a la justicia, reforma a la Ley de Justicia y Paz y la Ley de inteligencia y contrainteligencia.

En diciembre de 2012 el Congreso colombiano adoptó la reforma constitucional al Fuero penal militar, impulsada por el Gobierno del Presidente Santos.

Mujeres en Colombia – Ficha sobre su situación

El documento presenta información y datos clave con respecto a la situación de las mujeres en Colombia, así como sobre legislación y mecanismos de protección específicos; se formulan recomendaciones a la comunidad internacional.

En Colombia, como en otros países, la mujer enfrenta una situación de violencias y discriminación en su contra en los diferentes ámbitos de su vida. En el 2011 se registraron 70.134 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres; 18.982 casos de violencia sexual – un incremento del 11% con respecto al 2010; 130 casos de feminicidio. Si bien ha habido avances a nivel normativo, la falta de implementación de estas normas y la impunidad generalizada conducen a la agudización de las violencias.

‘Marco Legal para la Paz’ – Amnistía para violaciones a los Derechos Humanos cometidas por los distintos actores del conflicto armado

Documento corto de presentación de la reforma constitucional sobre justicia transicional.

La reforma constitucional conocida como “Marco legal para la paz” sobre justicia transicional, aprobada el 19 de junio de 2012, incluye la posibilidad de amnistía para violaciones a los Derechos Humanos cometidas por parte de los actores del conflicto armado (guerrillas, paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas Colombianas), incluso en casos de crímenes de lesa humanidad. “El aspecto central de la propuesta se enfoca en plantear la necesidad de introducir alternativas a la investigación penal, con el fin de que sea viable que se priorice la investigación de ciertos casos, o con la intención de que se pueda renunciar a la persecución penal de otros”. Esa renuncia a la investigación y persecución penal entra en contradicción con el derecho internacional.