Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia

‘Marco Legal para la Paz’ – Amnistía para violaciones a los Derechos Humanos cometidas por los distintos actores del conflicto armado

Documento corto de presentación de la reforma constitucional sobre justicia transicional.

La reforma constitucional conocida como “Marco legal para la paz” sobre justicia transicional, aprobada el 19 de junio de 2012, incluye la posibilidad de amnistía para violaciones a los Derechos Humanos cometidas por parte de los actores del conflicto armado (guerrillas, paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas Colombianas), incluso en casos de crímenes de lesa humanidad. “El aspecto central de la propuesta se enfoca en plantear la necesidad de introducir alternativas a la investigación penal, con el fin de que sea viable que se priorice la investigación de ciertos casos, o con la intención de que se pueda renunciar a la persecución penal de otros”. Esa renuncia a la investigación y persecución penal entra en contradicción con el derecho internacional.

Boletín Nro. 4

Sobre la política europea hacia Colombia El 23 de mayo de 2008, en Paris y de manera paralela a su asamblea general, OIDHACO presentó a la prensa sus recomendaciones sobre Colombia, dirigidas a las presidencias eslovena y francesa de la Unión Europea

El 23 de mayo de 2008, en Paris y de manera paralela a su asamblea general, OIDHACO presentó a la prensa sus recomendaciones sobre Colombia, dirigidas a las presidencias eslovena y francesa de la Unión Europea (UE). El documento, que ha sido respaldado por 60 organizaciones europeas, había sido previamente presentado a los gobiernos de Eslovenia (7 de mayo) y de Francia (22 de mayo).

Boletín Nro. 3

La justicia colombiana empieza a romper la inercia de la impunidad Para quienes, desde los países europeos, trabajamos por el respeto a los derechos humanos en Colombia, es satisfactorio ver los avances de la justicia colombiana…

Es importante destacar las investigaciones judiciales contra militares por la masacre de San José de Apartadó (febrero de 2005) y por los desaparecidos del Palacio de Justicia (noviembre de 1986). Igualmente destacables son las investigaciones sobre la relación entre políticos y grupos paramilitares, -conocida como parapolítica- adelantadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía. Producto de dichas investigaciones, al escribir estas líneas, 61 miembros del Congreso colombiano están investigados penalmente por su relación con grupos paramilitares y 29 de ellos están encarcelados. Entre estos últimos figura el Senador Mario Uribe, primo y aliado político del Presidente Uribe, a quien el gobierno de Costa Rica negó el asilo. La detención preventiva de muchos de estos presuntos responsables de violaciones de los derechos humanos es un indicador adicional de la seria voluntad de impartir justicia.