Los desaciertos de la política de seguridad El gobierno del presidente Uribe desde su inicio en 2002, puso como prioridad mejorar la seguridad en el país y acabar el conflicto armado por la vía militar.
El gobierno del presidente Uribe desde su inicio en 2002, puso como prioridad mejorar la seguridad en el país y acabar el conflicto armado por la vía militar. Durante sus dos mandatos, impulsó medidas polémicas, varias de las cuales fueron invalidadas por la Corte Constitucional y muchas de ellas criticadas por los defensores de derechos humanos y las Naciones Unidas. Entre ellas, promovió iniciativas como la red de informantes civiles, que involucra a la población civil en el conflicto armado ignorando que son personas protegidas por el principio internacional de distinción entre combatientes y no combatientes, y exponiendo a estas personas a posibles represalias. Esta política de informantes así como la política de recompensas sistemáticas tanto a civiles por información, como a militares por la detención o muerte de miembros de grupos ilegales, han sido la causa de muchas injusticias, entre ellas detenciones las arbitrarias masivas y, más grave aún, las ejecuciones extrajudiciales sistemáticas.