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Oidhaco considera que los derechos humanos deben respetarse de manera integral y que el estado Colombiano debe garantizar su vigencia. En el marco del conflicto  armado, la violencia sociopolítica y las desigualdades estructurales, en Colombia los derechos humanos se han violado de manera sistemática y generalizada.

Colombia es rica en biodiversidad, recursos naturales y tierras fértiles, pero es uno de los países más desiguales del mundo, con millones de personas sin garantías para sus derechos humanos. Alrededor de 6 millones de hectáreas de tierras han sido abandonadas y despojadas de las poblaciones rurales  y  étnicas y el desplazamiento masivo ha afectado a más de 8 millones de personas. Asimismo, en Colombia persiste la desaparición forzada; la tortura; las ejecuciones extrajudiciales; los asesinatos de líderes, lideresas y personas defensoras de los derechos humanos; la represión de la protesta social pacífica; la violencia sexual; el desplazamiento forzado; violaciones a los derechos de las mujeres y de personas LGBT; los derechos colectivos y territoriales de comunidades afrocolombianas e indígenas; los derechos de la población carcelaria; la impunidad; y la falta de reparación de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Oidhaco hace incidencia ante la UE, los Estados europeos y el sistema de Naciones Unidas para que exijan al Estado el respeto de los derechos civiles y políticos y la superación de la impunidad, y los derechos económicos, ambientales y culturales. También legitima ante estos actores los procesos organizativos y de defensa del territorio de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.

Oidhaco reconoce a la sociedad civil colombiana como protagonista de la transformación política, económica y social de Colombia. Por lo tanto, acompaña a las actividades de promoción y defensa de los derechos humanos de organizaciones no-gubernamentales y movimientos sociales colombianos. Oidhaco incide ante la UE, los Estados europeos y el sistema de Naciones Unidas para que exijan al Estado Colombiano que otorgue garantías para la defensa de los derechos humanos en Colombia.

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Nuestra solidaridad es universal.

Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.

Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.

La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.

Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.

Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.

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