Documento elaborado con ocasión de la audiencia de la comisión de comercio internacional (INTA) del Parlamento Europeo sobre el Acuerdo Multipartes UE-Colombia y Perú.
El documento presenta la situación con respecto a los temas siguientes: Pobreza y desigualdad, Derechos Laborales y violencia sindical, Medioambiente, Derecho a la alimentación, Tierras, Pueblos indígenas y afrodescendientes, Situación general de derechos humanos
Crisis regional y derechos humanos El operativo militar llevado a cabo por la fuerza pública colombiana en territorio ecuatoriano y que culminó con la muerte del número dos y vocero de las FARC…
El operativo militar llevado a cabo por la fuerza pública colombiana en territorio ecuatoriano y que culminó con la muerte del número dos y vocero de las FARC, además de ser un golpe militar y simbólico contra este grupo armado, revela por las formas y el momento en que se da, que la prioridad del gobierno colombiano sigue siendo, más que nunca, la guerra.
La justicia colombiana empieza a romper la inercia de la impunidad Para quienes, desde los países europeos, trabajamos por el respeto a los derechos humanos en Colombia, es satisfactorio ver los avances de la justicia colombiana…
Es importante destacar las investigaciones judiciales contra militares por la masacre de San José de Apartadó (febrero de 2005) y por los desaparecidos del Palacio de Justicia (noviembre de 1986). Igualmente destacables son las investigaciones sobre la relación entre políticos y grupos paramilitares, -conocida como parapolítica- adelantadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía. Producto de dichas investigaciones, al escribir estas líneas, 61 miembros del Congreso colombiano están investigados penalmente por su relación con grupos paramilitares y 29 de ellos están encarcelados. Entre estos últimos figura el Senador Mario Uribe, primo y aliado político del Presidente Uribe, a quien el gobierno de Costa Rica negó el asilo. La detención preventiva de muchos de estos presuntos responsables de violaciones de los derechos humanos es un indicador adicional de la seria voluntad de impartir justicia.
Colombia y el Sistema de Preferencias Generalizado de la UE (SGP+) Abrir una investigación sobre Colombia por parte de la Comisión Europea puede ser el mecanismo adecuado para que las autoridades colombianas tomen en serio las recomendaciones…
La Unión Europea revisó en 2005 su sistema de preferencias arancelarias para el acceso a sus mercados de los productos provenientes de países en desarrollo. El nuevo mecanismo, conocido como «SGP+» incluye dos categorías de países: los países menos desarrollados, para los cuales el SGP+ constituye una herramienta de ayuda al desarrollo; y los países de renta media, entre los cuales Colombia, para los cuales el SGP+ debe constituir un incentivo para favorecer «el desarrollo sostenible y el buen gobierno». En este caso, la UE pide como condición para acceder a los beneficios del SGP+, que el país haya ratificado e implementado efectivamente 27 tratados internacionales especialmente en los campos de los derechos humanos, los derechos laborales y el medio ambiente.
Los derechos humanos en Colombia bajo la lupa de Naciones Unidas y de la Unión Europea Tanto el seguimiento a los resultados Examen Periódico Universal de Colombia como el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea (UE) y Colombia son oportu
Tanto el seguimiento a los resultados Examen Periódico Universal de Colombia como el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea (UE) y Colombia son oportunidades para influir en cambios de políticas en Bogotá hacia un mayor respeto de los derechos humanos. Esperamos que la comunidad internacional y en particular la UE y sus Estados miembros no dejen pasar la oportunidad.
Tratado de libre comercio Unión Europea – Colombia: el prestigio de la UE en juego Del 4 al 8 de mayo se desarrolló en Bruselas la tercera ronda de negociación comercial entre la UE y los tres países andinos (Colombia, Ecuador, Perú).
Del 4 al 8 de mayo se desarrolló en Bruselas la tercera ronda de negociación comercial entre la UE y los tres países andinos (Colombia, Ecuador, Perú). Estas negociaciones remplazaron desde enero de 2009 las negociaciones de un acuerdo de asociación entre la UE y la CAN.
Los desaciertos de la política de seguridad El gobierno del presidente Uribe desde su inicio en 2002, puso como prioridad mejorar la seguridad en el país y acabar el conflicto armado por la vía militar.
El gobierno del presidente Uribe desde su inicio en 2002, puso como prioridad mejorar la seguridad en el país y acabar el conflicto armado por la vía militar. Durante sus dos mandatos, impulsó medidas polémicas, varias de las cuales fueron invalidadas por la Corte Constitucional y muchas de ellas criticadas por los defensores de derechos humanos y las Naciones Unidas. Entre ellas, promovió iniciativas como la red de informantes civiles, que involucra a la población civil en el conflicto armado ignorando que son personas protegidas por el principio internacional de distinción entre combatientes y no combatientes, y exponiendo a estas personas a posibles represalias. Esta política de informantes así como la política de recompensas sistemáticas tanto a civiles por información, como a militares por la detención o muerte de miembros de grupos ilegales, han sido la causa de muchas injusticias, entre ellas detenciones las arbitrarias masivas y, más grave aún, las ejecuciones extrajudiciales sistemáticas.
Una auténtica contrarreforma agraria en Colombia Así caracterizan muchos analistas lo que ha ocurrido en el campo en Colombia en las últimas décadas.
Así caracterizan muchos analistas lo que ha ocurrido en el campo en Colombia en las últimas décadas. Basta citar algunas estadísticas oficiales para dimensionar el fenómeno. En 1984, el 0.5% de los propietarios concentraban en sus manos 32.7% del área cultivable del país; en 1996, el 0.4% de los propietarios tenían 44.6% de la superficie [1]; y actualmente el 0,43% de los propietarios es dueño del 62,91% de las tierras cultivables. Del otro lado, el 57.87% de los propietarios, tiene apenas un 1.66% de la tierra [2]. En 25 años el conflicto armado ha sido utilizado para aumentar la concentración de la propiedad de la tierra. En efecto, Colombia es el segundo país en el mundo, luego de Sudan, por el número de desplazados internos. El desplazamiento de campesinos, indígenas y afro-colombinos no ha sido solamente un efecto colateral del conflicto sino un objetivo en sí de la guerra. En las zonas bananeras del Urabá antioqueño hombres armados ofrecían a los campesinos 250.000 pesos por hectárea de tierra cuyo precio era cuatro veces mayor: quienes no vendían eran amenazados, extorsionados y muchas veces asesinados. El jefe paramilitar alias “HH” reconoció haber asesinado en esa zona en dos o tres años cerca de 1.600 personas. Mediante masacres a la vista de la población fueron desplazadas miles de personas y sus tierras pasaron a manos de sus victimarios, o de quienes actuaron tras de ellos. Otro jefe paramilitar y empresario bananero, Raúl Emilio Hazbún Mendoza, quien controló la región por más de 10 años, ha reconocido sus vínculos estrechos y permanentes con el Ejército y la Policía, con los terratenientes y con las multinacionales inversionistas en la zona bajo su control. Chiquita Brands fue condenada en Estados Unidos a pagar 25 millones de dólares por pagar contribuciones a los paramilitares, pero sus directivos nunca han sido llevados ante la justicia colombiana.
La visita de una delegación española y el Informe elaborado se añaden a los realizados desde otros Estados e instituciones que ofrecen un panorama preocupante en relación a la situación de los Derechos Humanos.
Una misión de parlamentarios del Estado español compuesta por Mikel Basabe (diputado de Aralar en el Parlamento de Euskadi), Carles Campuzano (diputado de Convergencia i Unió en el Congreso de los Diputados), Francesc Canet (diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados), Joan Josep Nuet (senador de Entesa Catalana en el Senado), Jordi Pedret (diputado del Partit dels Socialistes de Catalunya en el Congreso de los Diputados), Inés Sabanés (diputada de Izquierda Unida en el Parlamento de la Comunidad de Madrid) y Marián Suárez (diputada de Eivissa pel Canvi en el Parlamento de las Islas Baleares) visitamos Colombia del 23 al 30 de enero. Esta Misión fue organizada por la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia del Estado español, cuyos representantes – Alexia Guilera, Luis Nieto y Ramón Trujillo- nos acompañaron y facilitaron nuestra labor en Colombia.
Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.
Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.
La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.
Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.
Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.