Documpento Elaborado por plataformas y organizaciones internacionales
Tabla de contenido: -Cooperación con mecanismos e instancias de las Naciones Unidas -Conflicto armado -Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona -Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y Estado de derecho -Libertades de expresión, reunión, asociación y manifestación pacíficas -Derechos económicos, sociales y culturales -Pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes
Sobre la política europea hacia Colombia El 23 de mayo de 2008, en Paris y de manera paralela a su asamblea general, OIDHACO presentó a la prensa sus recomendaciones sobre Colombia, dirigidas a las presidencias eslovena y francesa de la Unión Europea
El 23 de mayo de 2008, en Paris y de manera paralela a su asamblea general, OIDHACO presentó a la prensa sus recomendaciones sobre Colombia, dirigidas a las presidencias eslovena y francesa de la Unión Europea (UE). El documento, que ha sido respaldado por 60 organizaciones europeas, había sido previamente presentado a los gobiernos de Eslovenia (7 de mayo) y de Francia (22 de mayo).
Las últimas semanas han sido marcadas por asesinatos y desapariciones forzadas de personas que luchan por la paz y el respeto de los derechos humanos. El documento describe la situación en base a varios casos y formula recomendaciones.
Los defensores y las personas que se movilizan en el marco de la Marcha Patriótica que se llevó a cabo los 21, 22 y 23 de abril de 2012, y promovida por diversos y amplios sectores sociales, en búsqueda de la paz y de una solución política al conflicto, han sido blanco de fuertes amenazas y ataques. En distintas oportunidades las autoridades señalaron o cuestionaron la Marcha Patriótica, incluido el propio Presidente quien pidió al movimiento aclarar posibles nexos con las FARC, lo cual aumenta el peligro para las personas que participan en la misma.
En las últimas semanas, activistas han sido asesinados y desparecidos; 13 asesinados en los últimos 3 meses. OIDHACO llama a la UE a tomar el ejemplo del Reino Unido que en su último informe anual sobre derechos humanos, hace pública su preocupación.
En las últimas semanas las desapariciones forzadas, el asesinato de sindicalistas, líderes reclamantes de tierras, y defensores de DDHH, así como las amenazas que sin cesar reciben organizaciones y activistas, son altamente preocupantes. En los primeros tres meses del 2012, trece personas defensoras de los DDHH han sido asesinadas; una cada semana. «Estos asesinatos demuestran que no hay garantías para la labor de defensa de los DDHH en Colombia. La UE, a través de Catherine Ashton, debe exigir al gobierno colombiano protección para los activistas y el respeto a las movilizaciones sociales que piden la paz», declara Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco.
En los últimos días y semanas, la persecución y el hostigamiento han sido particularmente fuertes en contra de los defensores. Oidhaco presenta datos y algunos de los casos a las autoridades europeas y les pide actuar.
Según un informe reciente del Programa Somos Defensores, en el año 2011, 239 defensores de los derechos humanos fueron agredidos, de los cuales 49 asesinados y 6 desaparecidos, lo cual representa un fuerte incremento con respecto a 2010 (32 defensores asesinados). Los líderes indígenas, de restitución de tierras y víctimas están entre los defensores(as) con mayor número de agresiones. Preocupa particularmente el resurgimiento de la desaparición forzada como forma de agresión.
Análisis de la situación en Colombia con ocasión de la audiencia de la Sub-comisión de derechos humanos del Parlamento Europeo. Aborda, entre otros, las continuas violaciones al DIH, la impunidad, ataques a defensores y sindicalistas.
Frente a la falta de garantías para el cumplimiento de los derechos humanos en Colombia, la continuación de la impunidad y la persistencia del conflicto armado y considerando la falta de un mecanismo en el Acuerdo que garantice una verdadera protección de los derechos humanos, OIDHACO considera que el Parlamento Europeo no debe ratificar el Acuerdo con Colombia mientras no se den cambios significativos con respecto a estos distintos aspectos. La ratificación del Acuerdo con Colombia daría una señal de aprobación de la política del gobierno colombiano, pasando por alto las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que se dan en ese país.
OIDHACO publica una ficha sobre la situación de los defensores y defensoras en Colombia y formula recomendaciones a la Unión europea al respecto.
Los defensores y defensoras, por su trabajo en la prevención de violaciones graves a los derechos humanos y para evitar que la violencia permanezca en la impunidad así como por su labor de vigilancia y critica de las políticas publicas en DDHH o que afectan los mismos, se confrontan directamente con los que cometen estos crímenes, bien sean grupos armados, poderes políticos o sectores económicos. A lo largo de los últimos años, las personas que defienden los derechos humanos han sido y siguen siendo diariamente víctimas de asesinatos y ataques violentos, señalamientos sistemáticos y difamaciones, amenazas, desaparición forzada, violencia sexual, y judicializaciones sin fundamento.
Crisis regional y derechos humanos El operativo militar llevado a cabo por la fuerza pública colombiana en territorio ecuatoriano y que culminó con la muerte del número dos y vocero de las FARC…
El operativo militar llevado a cabo por la fuerza pública colombiana en territorio ecuatoriano y que culminó con la muerte del número dos y vocero de las FARC, además de ser un golpe militar y simbólico contra este grupo armado, revela por las formas y el momento en que se da, que la prioridad del gobierno colombiano sigue siendo, más que nunca, la guerra.
La justicia colombiana empieza a romper la inercia de la impunidad Para quienes, desde los países europeos, trabajamos por el respeto a los derechos humanos en Colombia, es satisfactorio ver los avances de la justicia colombiana…
Es importante destacar las investigaciones judiciales contra militares por la masacre de San José de Apartadó (febrero de 2005) y por los desaparecidos del Palacio de Justicia (noviembre de 1986). Igualmente destacables son las investigaciones sobre la relación entre políticos y grupos paramilitares, -conocida como parapolítica- adelantadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía. Producto de dichas investigaciones, al escribir estas líneas, 61 miembros del Congreso colombiano están investigados penalmente por su relación con grupos paramilitares y 29 de ellos están encarcelados. Entre estos últimos figura el Senador Mario Uribe, primo y aliado político del Presidente Uribe, a quien el gobierno de Costa Rica negó el asilo. La detención preventiva de muchos de estos presuntos responsables de violaciones de los derechos humanos es un indicador adicional de la seria voluntad de impartir justicia.
Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas La situación de los derechos humanos en Colombia ha sido analizada el 10 de diciembre por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dentro del mecanismo del EPU
La situación de los derechos humanos en Colombia ha sido analizada el 10 de diciembre por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dentro del mecanismo del Examen Periódico Universal (UPR (universal periodical review por sus siglas en inglés). Las organizaciones de derechos humanos (en su acepción amplia) tanto nacionales como internacionales, presentaron sendos informes y cifran hoy sus esperanzas en los resultados del debate. Sin embargo, son concientes del histórico incumplimiento de las recomendaciones internacionales por parte del Gobierno colombiano y de los grupos guerrilleros, estos últimos, en cuanto a su responsabilidad en materia de derecho internacional humanitario.
Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.
Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.
La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.
Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.
Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.