Re: Securitización, militarización y su impacto en los derechos humanos
A los líderes de América Latina y el Caribe, y la Unión Europea,
Cuando se reúnan en la próxima reunión ministerial UE-CELAC, la seguridad estará presente en la
mente de todos: la seguridad de sus poblaciones; la seguridad internacional en el contexto de un número
creciente de conflictos armados en todo el mundo; así como los retos de seguridad transnacionales, como
la delincuencia transnacional y el tráfico de drogas.
Este enfoque de seguridad no carece de fundamento. El deterioro de la situación de seguridad en el
continente es consecuencia de la compleja interacción entre las políticas estatales, los intereses
empresariales, los grupos delictivos transnacionales, los altos niveles de corrupción y las dinámicas
geopolíticas. América Latina y el Caribe siguen siendo una de las regiones más peligrosas del mundo
para los defensores de los derechos humanos. Según datos de HRD Memorial, un consorcio mundial de
organizaciones de derechos humanos coordinado por Front Line Defenders y dedicado a verificar y
documentar los asesinatos de defensores de los derechos humanos, en 2025 fueron asesinados 274
defensores de los derechos humanos en las Américas
Sin embargo, las organizaciones abajo firmantes comparten la preocupación de que la «securitización»
de la política y las políticas, en lugar de contribuir a crear sociedades más seguras y a reducir los niveles
de violencia, se está utilizando indebidamente para atacar de forma injustificada a las personas
defensoras de los derechos humanos y a la sociedad civil, socavar el Estado de derecho e imponer una
agenda económica basada en el extractivismo sin las consultas ni las garantías adecuadas, ni un mandato
popular.
La instrumentalización de la legislación antiterrorista y otras leyes de seguridad no es nada nuevo y ha
sido ampliamente documentada, incluyendo casos contra comunidades indígenas en las Américas y
manifestantes pacíficos a favor de Palestina en Europa. Las personas defensoras de los derechos
humanos llevan mucho tiempo siendo acusadas de formar parte de organizaciones «extremistas» o
delictivas; y las finanzas de organizaciones de derechos humanos de ambas regiones se han visto
afectadas por falsas acusaciones de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, influencia
extranjera o evasión fiscal. Esto supone una instrumentalización de la arquitectura normativa
internacional en materia de seguridad y finanzas para paralizar su labor legítima y pacífica en defensa
de los derechos humanos.
A partir de estas tendencias, estamos viendo cómo surge y se expande rápidamente un modelo en todo
el continente americano. Este modelo, perfeccionado y liderado en El Salvador por el Gobierno de Nayib
Bukele, sigue un patrón similar: sucesivos estados de emergencia justificados bajo el pretexto de la
seguridad de la población, una creciente militarización que permite detenciones arbitrarias, la prisión
preventiva prolongada, la violación del derecho a un juicio justo, penas severas, una policía con un alto
índice de letalidad, muertes bajo custodia, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas, en lo que
juristas y expertos internacionales han concluido que podría constituir crímenes contra la humanidad.
En la última cumbre UE-CELAC, celebrada el 9 de noviembre de 2025, ambas partes reconocieron
conjuntamente «el papel de las organizaciones de la sociedad civil y de los defensores de los derechos
humanos» y se comprometieron a combatir «la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de
drogas […] en pleno cumplimiento del Derecho internacional». Observamos con preocupación que la
realidad parece ser muy diferente, ya que en toda la región se están adoptando una serie de medidas
punitivas y legislación restrictiva, incluidas leyes sobre agentes extranjeros inspiradas en la legislación
rusa.
Las personas defensoras de los derechos humanos son objeto de ataques y se les estigmatiza tachándolas
de peones de grupos criminales, mientras que los vínculos entre instituciones estatales, intereses
económicos privados y redes criminales suelen ser difusos y no se someten a examen. En este contexto,
la «securitización» no es solo una respuesta a la delincuencia, sino que se utiliza para facilitar los
intereses económicos, al permitir que los gobiernos y los actores privados obtengan acceso a la tierra,
repriman la resistencia a los proyectos y concentren el poder sin transparencia ni supervisión.
Las narrativas sobre seguridad se convierten en una justificación para la militarización, la restricción o
el cierre del espacio cívico y la criminalización de los defensores, silenciándolos y, en última instancia,
despejando el camino para que los proyectos extractivos y de infraestructuras puedan avanzar con poca
o ninguna oposición. Con demasiada frecuencia, la comunidad internacional interpreta esta dinámica
como una disyuntiva necesaria entre los derechos humanos, la seguridad y el progreso, lo que a su vez
refuerza las narrativas que utilizan estos gobiernos para vender esta opción a sus votantes.
El respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho ha sido respaldado de forma conjunta y
reiterada por todos los participantes en las sucesivas cumbres UE-CELAC y en otros foros. La próxima
reunión ministerial UE-CELAC supone, por tanto, una importante oportunidad para que los líderes de
ambos lados del océano rechacen esta narrativa que opone la seguridad a los derechos humanos y la
democracia.
A medida que ambas partes intensifican su cooperación en materia de seguridad e inversión estratégica,
a través de la «Global Gateway» y de las alianzas sobre materias primas críticas y otros sectores, toda
cooperación debe estar firmemente arraigada en los valores que comparten ambas regiones: el Estado
de derecho, los derechos humanos y el respeto por las normas y estándares internacionales. Aceptar las
restricciones al espacio cívico y los ataques contra los defensores de los derechos humanos como algo
necesario para la seguridad y el desarrollo económico es un falso dilema que traiciona esos valores.
Los líderes de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea deben ser claros: no puede haber
seguridad sostenible, cadenas de valor responsables ni objetivos de desarrollo sostenible sin derechos
humanos ni instituciones democráticas. Las personas defensoras de los derechos humanos y la sociedad
civil no son enemigos, sino que desempeñan un papel crucial en sus sociedades, y se les debe permitir
llevar a cabo su legítima labor en materia de derechos humanos.
Por lo tanto, las organizaciones abajo firmantes instan a los líderes de la UE y la CELAC a que emitan
una declaración conjunta dedicada a la protección del espacio cívico y de las personas defensoras de los
derechos humanos, así como del Estado de derecho, en la que se comprometan a:
· Poner fin al uso indebido de las leyes antiterroristas y financieras contra la sociedad civil y
rechazar públicamente la criminalización de los defensores de los derechos humanos;
· Garantizar el Estado de derecho y las garantías de los derechos humanos en los marcos de
seguridad e inversión y en la cooperación entre regiones, incluyendo en el marco de la «Global
Gateway» y en cualquier cooperación sobre minerales críticos;
· Condenar el uso indiscriminado y prolongado de los estados de emergencia, así como la
militarización progresiva de múltiples aspectos de la vida pública, incluida la propiedad militar
de infraestructuras y recursos;
· Desarrollar políticas para combatir la delincuencia organizada que se basen en los derechos
humanos, aborden la raíz de los conflictos socioeconómicos e integren medidas contra la
corrupción;
· Condenar la adopción de leyes sobre «agentes extranjeros» e instrumentos jurídicos destinados a
restringir el espacio cívico y la financiación extranjera destinada a organizaciones de derechos
humanos y no gubernamentales.
Al mismo tiempo, les instamos a que actúen en pro de la responsabilidad mutua en el cumplimiento de
los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de los Estados de la UE y de América
Latina y el Caribe:
· Mantener un escrutinio internacional sobre las violaciones que se produzcan en los intercambios
entre la UE y América Latina y el Caribe y en los foros multilaterales, y promover las reformas
estructurales pertinentes;
· Condicionar la cooperación y la asistencia técnica en materia de seguridad y justicia al
cumplimiento de las normas de derechos humanos y las garantías judiciales;
· Apoyar de forma proactiva y pública a las organizaciones de derechos humanos, a los y las
periodistas, a las personas defensoras y a las familias de las víctimas mediante declaraciones
públicas conjuntas, esfuerzos diplomáticos enérgicos y cooperación concreta; en programas de
protección, apoyo psicosocial, asistencia jurídica y financiación sostenible;
· Promover una legislación y unas políticas eficaces para la protección de los defensores de los
derechos humanos y garantizar una financiación adecuada para su aplicación.
En nombre de las organizaciones firmantes:
– ActionAid
– Amnistía Internacional
– Asociación Nacional de Centros (ANC) del Perú
– Coordinadora de la Mujer
– Coordinadora de ONGs Española
– Esquel
– EU – LAT Network
– Federación Internacional por los Derechos Humanos – FIDH
– Foro para las Relaciones CELAC-UE
– Front Line Defenders
– Grupo de Trabajo de Sociedad Civil CELAC-UE
– Protection International
– OIDHACO – Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia
– Organización Mundial Contra la Tortura – OMCT
