Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia

Los Acuerdos Comerciales UE – América Latina no pasan la prueba en materia socio ambiental

En el marco del evento “América Latina: Recursos Naturales y Acuerdos Comerciales” del 22 de marzo, miembros del Parlamento Europeo y representantes de la sociedad civil expresaron su preocupación frente a los posibles impactos de estos Acuerdos.

Las redes de la sociedad civil ALOP, CIFCA, Grupo Sur, y OIDHACO, junto con otras organizaciones belgas y europeas, han organizado conjuntamente con miembros del Parlamento Europeo la conferencia «América Latina: Recursos Naturales y Acuerdos Comerciales».

Acuerdos comerciales de la Unión Europea con Centroamérica, Colombia y Perú: Obstáculos para el desarrollo sostenible

Se publica un informe ofreciendo elementos a considerar en un debate democrático ante el Parlamento Europeo con respecto al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE)-Colombia y Perú y el Acuerdo de Asociación (AdA) UE-Centroamérica.

Estos Acuerdos han sido presentados por la Comisión Europea (CE) ante el Consejo y Parlamento Europeo. Es la primera vez, en los cuatro años de negociaciones, que el Parlamento podrá leer y analizar el documento. Pero no podrá realizar cambios o modificaciones sino que dará su consentimiento por mayoría simple: «lo tomas o lo dejas».

Comercio a cualquier precio: No existen las condiciones para el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia.

Este informe resume algunos elementos de fuerte preocupación para amplios sectores de la sociedad civil colombiana, y de organizaciones internacionales de derechos humanos, sobre el Acuerdo Comercial en vías de ratificación entre la UE y Colombia.

Antes de negociar un tratado comercial con Colombia, la UE debe asegurar que los derechos humanos estén siendo respetados plenamente en ese país, y que un tratado comercial no exacerbará la crisis de derechos humanos. En este documento presentamos datos contundentes que demuestran la falta de  garantías para el cumplimiento de los derechos humanos en Colombia, la persistencia del conflicto armado y la grave situación de pobreza y desigualdad  social. Preguntamos a la Unión Europea y sus Estados miembros si saben con certeza que el acuerdo que está en estos momentos en la mesa será un apoyo hacía el cumplimiento de los derechos humanos o si por el contrario podría contribuir a agravar esta situación.

Boletín Nro. 6

Colombia y el Sistema de Preferencias Generalizado de la UE (SGP+) Abrir una investigación sobre Colombia por parte de la Comisión Europea puede ser el mecanismo adecuado para que las autoridades colombianas tomen en serio las recomendaciones…

La Unión Europea revisó en 2005 su sistema de preferencias arancelarias para el acceso a sus mercados de los productos provenientes de países en desarrollo. El nuevo mecanismo, conocido como «SGP+» incluye dos categorías de países: los países menos desarrollados, para los cuales el SGP+ constituye una herramienta de ayuda al desarrollo; y los países de renta media, entre los cuales Colombia, para los cuales el SGP+ debe constituir un incentivo para favorecer «el desarrollo sostenible y el buen gobierno». En este caso, la UE pide como condición para acceder a los beneficios del SGP+, que el país haya ratificado e implementado efectivamente 27 tratados internacionales especialmente en los campos de los derechos humanos, los derechos laborales y el medio ambiente.

Boletín Nro. 9

Los derechos humanos en Colombia bajo la lupa de Naciones Unidas y de la Unión Europea Tanto el seguimiento a los resultados Examen Periódico Universal de Colombia como el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea (UE) y Colombia son oportu

Tanto el seguimiento a los resultados Examen Periódico Universal de Colombia como el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea (UE) y Colombia son oportunidades para influir en cambios de políticas en Bogotá hacia un mayor respeto de los derechos humanos. Esperamos que la comunidad internacional y en particular la UE y sus Estados miembros no dejen pasar la oportunidad.

Boletín Nro. 8

Insistir en acuerdos humanitarios y negociación política. Las recientes liberaciones unilaterales de 6 personas realizadas por las FARC-EP son un paso positivo que ha sido posible gracias al rol crucial de la sociedad civil colombiana.

Las recientes liberaciones unilaterales de 6 personas realizadas por las FARC-EP son un paso positivo que ha sido posible gracias al rol crucial de la sociedad civil colombiana. Es una muestra de que las soluciones humanitarias son posibles en Colombia cuando se anteponen las preocupaciones humanitarias por encima de los intereses políticos y militares. OIDHACO siempre ha condenado de la manera más firme la toma de rehenes como una violación grave al DIH y ha pedido y pide a las FARC-EP que liberen sin más tardar a las personas que todavía mantienen en su poder.

Boletín Nro. 10

Tratado de libre comercio Unión Europea – Colombia: el prestigio de la UE en juego Del 4 al 8 de mayo se desarrolló en Bruselas la tercera ronda de negociación comercial entre la UE y los tres países andinos (Colombia, Ecuador, Perú).

Del 4 al 8 de mayo se desarrolló en Bruselas la tercera ronda de negociación comercial entre la UE y los tres países andinos (Colombia, Ecuador, Perú). Estas negociaciones remplazaron desde enero de 2009 las negociaciones de un acuerdo de asociación entre la UE y la CAN.

Boletín Nro. 15

DAS: la Operación Europa Aunque desde hace ya varias décadas, los servicios de inteligencia de Colombia han jugado un papel activo en la represión de los movimientos sociales y organismos de derechos humanos, la creación del grupo especial G-3 por el

Aunque desde hace ya varias décadas, los servicios de inteligencia de Colombia han jugado un papel activo en la represión de los movimientos sociales y organismos de derechos humanos, la creación del grupo especial G-3 por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en 2004 marcó un punto de inflexión. A partir de esta fecha se inicia una política sistemática de interceptaciones, hostigamientos e intimidaciones cuyas principales víctimas han sido defensores de derechos humanos, magistrados de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, periodistas y miembros de la oposición. Por tener posturas críticas hacia políticas del gobierno, todos fueron tratados como peligrosos delincuentes y como una amenaza contra los intereses del Estado, dando lugar a una persecución implacable. 

Boletín Nro. 14

Los desaciertos de la política de seguridad El gobierno del presidente Uribe desde su inicio en 2002, puso como prioridad mejorar la seguridad en el país y acabar el conflicto armado por la vía militar.

El gobierno del presidente Uribe desde su inicio en 2002, puso como prioridad mejorar la seguridad en el país y acabar el conflicto armado por la vía militar. Durante sus dos mandatos, impulsó medidas polémicas, varias de las cuales fueron invalidadas por la Corte Constitucional y muchas de ellas criticadas por los defensores de derechos humanos y las Naciones Unidas. Entre ellas, promovió iniciativas como la red de informantes civiles, que involucra a la población civil en el conflicto armado ignorando que son personas protegidas por el principio internacional de distinción entre combatientes y no combatientes, y exponiendo a estas personas a posibles represalias. Esta política de informantes así como la política de recompensas sistemáticas tanto a civiles por información, como a militares por la detención o muerte de miembros de grupos ilegales, han sido la causa de muchas injusticias, entre ellas detenciones las arbitrarias masivas y, más grave aún, las ejecuciones extrajudiciales sistemáticas.

Boletín Nro. 13

Una auténtica contrarreforma agraria en Colombia Así caracterizan muchos analistas lo que ha ocurrido en el campo en Colombia en las últimas décadas.

Así caracterizan muchos analistas lo que ha ocurrido en el campo en Colombia en las últimas décadas. Basta citar algunas estadísticas oficiales para dimensionar el fenómeno. En 1984, el 0.5% de los propietarios concentraban en sus manos 32.7% del área cultivable del país; en 1996, el 0.4% de los propietarios tenían 44.6% de la superficie [1]; y actualmente el 0,43% de los propietarios es dueño del 62,91% de las tierras cultivables. Del otro lado, el 57.87% de los propietarios, tiene apenas un 1.66% de la tierra [2]. En 25 años el conflicto armado ha sido utilizado para aumentar la concentración de la propiedad de la tierra. En efecto, Colombia es el segundo país en el mundo, luego de Sudan, por el número de desplazados internos. El desplazamiento de campesinos, indígenas y afro-colombinos no ha sido solamente un efecto colateral del conflicto sino un objetivo en sí de la guerra. En las zonas bananeras del Urabá antioqueño hombres armados ofrecían a los campesinos 250.000 pesos por hectárea de tierra cuyo precio era cuatro veces mayor: quienes no vendían eran amenazados, extorsionados y muchas veces asesinados. El jefe paramilitar alias “HH” reconoció haber asesinado en esa zona en dos o tres años cerca de 1.600 personas. Mediante masacres a la vista de la población fueron desplazadas miles de personas y sus tierras pasaron a manos de sus victimarios, o de quienes actuaron tras de ellos. Otro jefe paramilitar y empresario bananero, Raúl Emilio Hazbún Mendoza, quien controló la región por más de 10 años, ha reconocido sus vínculos estrechos y permanentes con el Ejército y la Policía, con los terratenientes y con las multinacionales inversionistas en la zona bajo su control. Chiquita Brands fue condenada en Estados Unidos a pagar 25 millones de dólares por pagar contribuciones a los paramilitares, pero sus directivos nunca han sido llevados ante la justicia colombiana.

Nuestra solidaridad es universal.

Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.

Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.

La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.

Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.

Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.

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