Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia

Boletín Nro. 11

Cuando el Estado intimida, persigue y amenaza… La estrategia de espionaje ilegal del DAS

En Febrero de 2009, la prensa colombiana destapó el escándalo de las «chuzadas» del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS): interceptaciones telefónicas ilegales hacia defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de la oposición y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Desde esa fecha, la información se ha ampliado y las denuncias se han multiplicado, en parte gracias a la Fiscalía que pudo incautar documentos del DAS durante una inspección judicial.

Boletín Nro. 15

DAS: la Operación Europa Aunque desde hace ya varias décadas, los servicios de inteligencia de Colombia han jugado un papel activo en la represión de los movimientos sociales y organismos de derechos humanos, la creación del grupo especial G-3 por el

Aunque desde hace ya varias décadas, los servicios de inteligencia de Colombia han jugado un papel activo en la represión de los movimientos sociales y organismos de derechos humanos, la creación del grupo especial G-3 por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en 2004 marcó un punto de inflexión. A partir de esta fecha se inicia una política sistemática de interceptaciones, hostigamientos e intimidaciones cuyas principales víctimas han sido defensores de derechos humanos, magistrados de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, periodistas y miembros de la oposición. Por tener posturas críticas hacia políticas del gobierno, todos fueron tratados como peligrosos delincuentes y como una amenaza contra los intereses del Estado, dando lugar a una persecución implacable. 

Boletín Nro. 14

Los desaciertos de la política de seguridad El gobierno del presidente Uribe desde su inicio en 2002, puso como prioridad mejorar la seguridad en el país y acabar el conflicto armado por la vía militar.

El gobierno del presidente Uribe desde su inicio en 2002, puso como prioridad mejorar la seguridad en el país y acabar el conflicto armado por la vía militar. Durante sus dos mandatos, impulsó medidas polémicas, varias de las cuales fueron invalidadas por la Corte Constitucional y muchas de ellas criticadas por los defensores de derechos humanos y las Naciones Unidas. Entre ellas, promovió iniciativas como la red de informantes civiles, que involucra a la población civil en el conflicto armado ignorando que son personas protegidas por el principio internacional de distinción entre combatientes y no combatientes, y exponiendo a estas personas a posibles represalias. Esta política de informantes así como la política de recompensas sistemáticas tanto a civiles por información, como a militares por la detención o muerte de miembros de grupos ilegales, han sido la causa de muchas injusticias, entre ellas detenciones las arbitrarias masivas y, más grave aún, las ejecuciones extrajudiciales sistemáticas.

Boletín Nro. 13

Una auténtica contrarreforma agraria en Colombia Así caracterizan muchos analistas lo que ha ocurrido en el campo en Colombia en las últimas décadas.

Así caracterizan muchos analistas lo que ha ocurrido en el campo en Colombia en las últimas décadas. Basta citar algunas estadísticas oficiales para dimensionar el fenómeno. En 1984, el 0.5% de los propietarios concentraban en sus manos 32.7% del área cultivable del país; en 1996, el 0.4% de los propietarios tenían 44.6% de la superficie [1]; y actualmente el 0,43% de los propietarios es dueño del 62,91% de las tierras cultivables. Del otro lado, el 57.87% de los propietarios, tiene apenas un 1.66% de la tierra [2]. En 25 años el conflicto armado ha sido utilizado para aumentar la concentración de la propiedad de la tierra. En efecto, Colombia es el segundo país en el mundo, luego de Sudan, por el número de desplazados internos. El desplazamiento de campesinos, indígenas y afro-colombinos no ha sido solamente un efecto colateral del conflicto sino un objetivo en sí de la guerra. En las zonas bananeras del Urabá antioqueño hombres armados ofrecían a los campesinos 250.000 pesos por hectárea de tierra cuyo precio era cuatro veces mayor: quienes no vendían eran amenazados, extorsionados y muchas veces asesinados. El jefe paramilitar alias “HH” reconoció haber asesinado en esa zona en dos o tres años cerca de 1.600 personas. Mediante masacres a la vista de la población fueron desplazadas miles de personas y sus tierras pasaron a manos de sus victimarios, o de quienes actuaron tras de ellos. Otro jefe paramilitar y empresario bananero, Raúl Emilio Hazbún Mendoza, quien controló la región por más de 10 años, ha reconocido sus vínculos estrechos y permanentes con el Ejército y la Policía, con los terratenientes y con las multinacionales inversionistas en la zona bajo su control. Chiquita Brands fue condenada en Estados Unidos a pagar 25 millones de dólares por pagar contribuciones a los paramilitares, pero sus directivos nunca han sido llevados ante la justicia colombiana.