El escándalo de actividades de inteligencia ilegales por el DAS llevó a la supresión de este órgano y a la reforma de la Ley de inteligencia. Este documento contiene un análisis de la nueva Ley y de las medidas adoptadas.

La casi totalidad de los funcionarios del ex Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue trasladada a otras instancias, en su mayoría Fiscalía, policía y nueva Unidad Nacional de Protección – a cargo de la protección de defensores, sindicalistas, periodistas, etc. –, sin investigación ni sanción previa.

Tan solo en el mes de enero de 2013, el Instituto de Medicina Legal registró 474 desapariciones adicionales, de las cuales muchas serían desapariciones forzadas. Documento de análisis y recomendaciones frente a esta situación.

En noviembre de 2012, la Oficina de la Fiscal de la CPI determinó que “existe una base razonable” para pensar que desapariciones forzadas constitutivas de crímenes de lesa humanidad han sido perpetradas por órganos del Estado colombiano.

El Gobierno del Presidente Santos ha estado impulsando una reforma constitucional que busca ampliar el fuero penal militar y está a punto de ser aprobada.

Como lo destacaron once expertos de derechos humanos de Naciones Unidas el 22 de octubre de 2012, “de aprobarse esta reforma, se perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía (Fuerza Pública)”. Y al concluir su 146 período de sesiones, el 16 de noviembre de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “record(ó) que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado tiene el deber de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos y considera que éstos son, en todos los casos, los recursos penales de la jurisdicción ordinaria, independientemente de si las violaciones a ser juzgadas fueron cometidas por militares o no”.

Hoy se conmemora en Colombia el día de las víctimas de desaparición forzada. Oidhaco nuevamente hace un llamado explícito a la UE para que condene públicamente este crimen de lesa humanidad y su impunidad que, en lugar de disminuir, se ha incrementado.

“Para las víctimas y sus familiares, un rechazo público a este drama colombiano por parte de la UE, sería  un gran apoyo internacional y enviaría un mensaje al Estado colombiano para que se tome en serio la lucha contra este crimen sistemático y contra la impunidad que lo acompaña, que es casi del cien por ciento”, manifiesta Vincent Vallies, portavoz de esta plataforma de más de más de 30 0rganizaciones europeas e internacionales con sede en Bruselas.  La Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH en Colombia, recuerda Oidhaco, ha insistido en que “el grado de impunidad que rodea esta grave violación a los derechos humanos en Colombia es muy alto”.

Durante el último Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se realizó en Ginebra del 27 de febrero al 23 de marzo, varios informes presentados hicieron referencia a la grave situación de DDHH que atraviesa Colombia.

«Consideramos que la UE no valora en su justa medida las graves violaciones de derechos humanos en Colombia y continúa dando por buenos los anuncios de cambio de políticas y de compromiso por parte del ejecutivo colombiano, mientras que la crisis humanitaria allí continúa sin que se perciban elementos de mejoría», declara Vincent Vallies, portavoz de la Oidhaco.