El Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia, presentado ante el 61º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, analiza la situación durante 2025 y los avances y desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz.
El informe advierte con especial preocupación sobre el afianzamiento territorial y el control social ejercido por grupos armados no estatales y organizaciones criminales, y señala que los elevados niveles de violencia en varias regiones afectan gravemente a la población civil y obstaculizan la implementación del Acuerdo de Paz. La Oficina alerta incluso sobre el riesgo de retroceder, especialmente en los territorios, hacia situaciones de derechos humanos similares a las existentes antes de la firma del Acuerdo.
Entre las principales preocupaciones se encuentran los desplazamientos y confinamientos, las masacres, el reclutamiento de niños y niñas, la violencia de género y las agresiones contra quienes defienden los derechos humanos. Durante 2025, la Oficina recibió 207 alegaciones de homicidios de personas defensoras y verificó 99 casos relacionados con su labor, con un impacto especialmente grave sobre liderazgos indígenas, afrodescendientes y campesinos. Asimismo, el desplazamiento forzado masivo aumentó un 85 % respecto de 2024, marcado especialmente por la crisis humanitaria del Catatumbo.
Frente a este escenario, el Alto Comisionado insiste en la implementación integral del Acuerdo de Paz como política central del Estado, el fortalecimiento de las garantías para las personas defensoras y la protección de la población civil. También hace un llamado expreso a la comunidad internacional a mantener su apoyo político, técnico y financiero al Acuerdo de Paz y a las organizaciones defensoras de derechos humanos.



