Sesión 61 del Consejo de Derechos Humanos
El viernes 27 de febrero se presentó en Ginebra el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2025.
El informe se encuentra en este link.
En este video la presentación del Informe durante la sesión.
La intervención de Gustavo Gallon, el embajador de Colombia frente a al Consejo de Derechos Humanos.
El Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia, presentado ante el 61º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, analiza la situación durante 2025 y los avances y desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz.
El informe advierte con especial preocupación sobre el afianzamiento territorial y el control social ejercido por grupos armados no estatales y organizaciones criminales, y señala que los elevados niveles de violencia en varias regiones afectan gravemente a la población civil y obstaculizan la implementación del Acuerdo de Paz. La Oficina alerta incluso sobre el riesgo de retroceder, especialmente en los territorios, hacia situaciones de derechos humanos similares a las existentes antes de la firma del Acuerdo.
Entre las principales preocupaciones se encuentran los desplazamientos y confinamientos, las masacres, el reclutamiento de niños y niñas, la violencia de género y las agresiones contra quienes defienden los derechos humanos. Durante 2025, la Oficina recibió 207 alegaciones de homicidios de personas defensoras y verificó 99 casos relacionados con su labor, con un impacto especialmente grave sobre liderazgos indígenas, afrodescendientes y campesinos. Asimismo, el desplazamiento forzado masivo aumentó un 85 % respecto de 2024, marcado especialmente por la crisis humanitaria del Catatumbo.
Frente a este escenario, el Alto Comisionado insiste en la implementación integral del Acuerdo de Paz como política central del Estado, el fortalecimiento de las garantías para las personas defensoras y la protección de la población civil. También hace un llamado expreso a la comunidad internacional a mantener su apoyo político, técnico y financiero al Acuerdo de Paz y a las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Queremos agradecer a la eurodiputada Ana Miranda la pregunta que pone el foco sobre el riesgo de que inversiones europeas en Buenaventura puedan poner en riesgo los derechos humanos. Desde Oidhaco, conjuntamente con varios de sus miembros como Brigadas Internacionales de Paz hemos ido visibilizando la situación en Buenaventura y sus alrededores.
Ponemos acá el texto entero de la pregunta presentada el 17 de febrero, la cual se puede encontrar en la página web del Parlamento Europeo en este link. Desde las organizaciones sociales haremos seguimiento a la respuesta de la Comisión Europea.
Intereses económicos europeos ponen en riesgo los derechos humanos en Buenaventura
Gracias al informe de PBI «¿Quién asume el coste?», hemos tenido conocimiento de que en Buenaventura (Colombia), empresas europeas vinculadas al sector portuario y logístico pueden estar vulnerando gravemente los derechos humanos.
La riqueza ambiental y la ubicación estratégica de Buenaventura han atraído históricamente inversión extranjera en un contexto donde se entrelazan economías lícitas e ilícitas, como la minería ilegal y el narcotráfico, lo que incrementa los riesgos para los derechos colectivos y la sostenibilidad ambiental, además de la persistencia de violaciones de derechos humanos.
El impacto en la población local no se limita al entorno urbano, sino que afecta también al área rural del municipio, en particular a territorios de los Consejos Comunitarios de Bahía Málaga y del Río Naya, donde se desarrollan importantes iniciativas de conservación de la biodiversidad y construcción de paz territorial.
Ante esta situación:
Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.
Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.
La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.
Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.
Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.
