Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia

Colombia celebra hoy el cuarto aniversario del Acuerdo de Paz bajo alerta por el deterioro de la situación humanitaria y estancamiento del proceso

El 24 de noviembre se cumplen cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (el Acuerdo) en el Teatro Colón en Bogotá. El Acuerdo buscó terminar un conflicto armado que duró 52 años y dejó más de 8 millones de personas víctimas. Fue resultado de cuatro años de negociaciones entre las partes, incluyó medidas para eliminar las causas estructurales del conflicto armado y así prevenir su repetición, pero no incluyó otros actores ilegales armados como el ELN y/o grupos paramilitares. Tras cuatro años de su implementación, el balance de la implementación es preocupante.

Según el Instituto Kroc, el 25 por ciento de las disposiciones del Acuerdo se han implementado completamente y el 23 por ciento no ha iniciado su implementación. Sin embargo, en2019 solo se avanzó en un 2 por ciento.[1] Al ritmo actual de implementación, solo la mitad de las disposiciones contempladas para implementarse entre 2020 y 2022 estarán completas en este mismo periodo.[2] El capítulo sobre Reforma Rural Integral, donde está enfocado el apoyo de la Unión Europea, es el que menos avance conoce: solo el 4% está completamente implementado.

El otro enfoque del apoyo europeo es el proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc-Ep. Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 241 firmantes del Acuerdo de Paz.[3]

Los enfoques de género y étnico, transversales al Acuerdo, siguen teniendo una implementación más lenta que la implementación general. Según GPAZ, solo 13 de las 122 medidas en el Acuerdo se han cumplido.[4] En el periodo del actual Gobierno se ha hecho una priorización que deja 71 de las 122 medidas despriorizadas para ser implementadas.[5] El Acuerdo de Paz ha abierto nuevos espacios de participación para las mujeres pero actualmente, sobre todo en zonas rurales, ha aumentado su riesgo. Existe una exclusión sistemática de la población LGBTI de las políticas de implementación del Acuerdo.[6] Sólo 10 por ciento de las disposiciones del enfoque étnico han sido completadas. Además, la violencia contra las comunidades étnicas se ha intensificado[7]: 105 líderes indígenas y afrodescendientes han sido asesinados en 2020 según Indepaz.[8]

El Gobierno Duque, en reiteradas ocasiones, ha obstruido o frenado la implementación del Acuerdo al no prever los recursos necesarios en el Plan Nacional de Desarrollo, afectando entre otros, la Reforma Rural Integral, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

La falta de una implementación ágil e integral del Acuerdo de Paz es uno de los factores que alimenta el deterioro de la situación de confrontación armada en los territorios. Estos generan desplazamiento forzado, masacres de la población civil (74 en 2020)[9], confinamiento, amenazas y asesinatos y afecta de forma desproporcionada a la población campesina y/o perteneciente a minorías étnicas. Así mismo, los elementos previstos en el Acuerdo de paz para mejorar la protección de personas defensoras de derechos humanos no se implementan o solo de forma parcial o lenta, como en el caso de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad o una Unidad Especial de la Fiscalía.

Oidhaco por lo tanto pide que la comunidad internacional:

  • Inste al Gobierno colombiano a seguir avanzando con celeridad en la implementación integral del Acuerdo de Paz.
  • Siga demostrando su apoyo político al Acuerdo de Paz y a su implementación integral, y a la vez destacando que el actor principal de la implementación debe ser el estado colombiano.
  • Inste al Gobierno colombiano a retomar el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y avance en el desmantelamiento de otros grupos armados activos en los territorios.

Mayores informes: Jorge Gómez, Coordinador de Oidhaco, oidhaco@oidhaco.org, tel. +32 2 5361913


[1] Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, 2020. Avance de la implementación hasta noviembre del 2019

[2] La Silla Vacía. Las 12 alertas del cuarto informe del Instituto Kroc. 10 de julio 2020

[3] Contagioradio. Tres firmantes de paz asesinados en Chocó, Caquetá y Putumayo. 17 de noviembre 2020

[4] La Silla Vacía. Implementación del Acuerdo de Paz no toca todavía la vida de las mujeres. 18 de noviembre 2020

[5] La Silla Vacía. Implementación del Acuerdo de Paz no toca todavía la vida de las mujeres. 18 de noviembre 2020

[6] CERAC; CINEP; GPAZ – ibídem Silla Vacía.

[7] La Silla Vacía. Las 12 alertas del cuarto informe del Instituto Kroc. 10 de julio 2020

[8] Indepaz. Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2020. Hasta 15 de noviembre 2020.

[9] Indepaz, Informe de masacres en Colombia durante el 2020 con corte hasta el 14 de noviembre 2020 [último acceso 19 de noviembre 2020].

Nuestra solidaridad es universal.

Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.

Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.

La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.

Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.

Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.

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