El Gobierno del Presidente Santos ha estado impulsando una reforma constitucional que busca ampliar el fuero penal militar y está a punto de ser aprobada.
Como lo destacaron once expertos de derechos humanos de Naciones Unidas el 22 de octubre de 2012, “de aprobarse esta reforma, se perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía (Fuerza Pública)”. Y al concluir su 146 período de sesiones, el 16 de noviembre de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “record(ó) que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado tiene el deber de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos y considera que éstos son, en todos los casos, los recursos penales de la jurisdicción ordinaria, independientemente de si las violaciones a ser juzgadas fueron cometidas por militares o no”.
