Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia

Día: 31 de marzo de 2010

OIDHACO celebra la liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué Daniel Calvo

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Mientras esto se dé, seguimos denunciando las graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes en el conflicto.

El 28 de marzo el soldado Josué Daniel Calvo recuperó su libertad, después de 11 meses
en poder de las FARC. Dos días después, el sargente Juan Pablo Moncayo, hijo del
Profesor Moncayo, el «caminante por la paz», que lleva más de 12 años en captividad, fue
igualmente liberado. Celebramos estas liberaciones, un gesto unilateral de las FARC que
ha sido posible gracias a la movilización de los familiares de los soldados, a la
persistencia y el valor de la senadora Piedad Córdoba y del movimiento Colombianos y
Colombianas por la Paz, a la facilitación del CICR y del gobierno de Brasil, y finalmente
a la buena disposición del gobierno colombiano.

Nuestra solidaridad es universal.

Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.

Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.

La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.

Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.

Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.

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