Memoria de una agenda en disputa: balance de las políticas sobre empresas y derechos humanos durante el gobierno de Gustavo Petro.

Este documento revisa qué cambió, qué permaneció y qué desafíos siguen pendientes para pasar de la voluntariedad empresarial a obligaciones jurídicas efectivas en materia de derechos humanos. El documento subraya que: “Durante estos cuatro años se produjeron avances que comenzaron a modificar la forma en que el Estado colombiano aborda la relación entre empresas y derechos humanos. Si bien muchas de estas transformaciones apenas iniciaron su implementación, dejaron instalados lineamientos de política pública, diseños institucionales y regulatorios, diagnósticos, elementos de contexto y debates que antes no existían. Estos avances fueron el resultado de múltiples factores, entre ellos la mayor apertura y voluntad de algunas instituciones del Gobierno, pero también de un proceso acumulado de la sociedad civil que durante estos años contribuyó a comprender el campo de las empresas y los derechos humanos, construir diagnósticos, formular propuestas, impulsar espacios de discusión y mantener una labor constante de incidencia y vigilancia sobre esta agenda.” Y en modo de conclusión advierte que “Las orientaciones anunciadas por el nuevo gobierno —entre ellas, la profundización de un nuevo ciclo extractivo mediante la reactivación del fracking; la desregulación de distintos sectores económicos; la ampliación del protagonismo del sector privado en la gestión estatal; el debilitamiento de instituciones creadas en el marco del Acuerdo Final de Paz; la eliminación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, desde donde se había articulado buena parte del liderazgo estatal en esta materia; los anuncios de retiro del sistema de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; el alineamiento con la política exterior de los Estados Unidos; y el restablecimiento pleno de las relaciones con Israel— configuran un escenario de profunda regresión para la agenda de empresas y derechos humanos. De concretarse, estas orientaciones no solo comprometerían la continuidad de los avances institucionales y regulatorios alcanzados durante los últimos años, sino que también debilitarían los mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos y la capacidad del Estado para prevenir, supervisar,   investigar y responder frente a los impactos de la actividad empresarial sobre los derechos humanos y el ambiente.”