Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia

Boletín Nro. 13

Una auténtica contrarreforma agraria en Colombia Así caracterizan muchos analistas lo que ha ocurrido en el campo en Colombia en las últimas décadas.

Así caracterizan muchos analistas lo que ha ocurrido en el campo en Colombia en las últimas décadas. Basta citar algunas estadísticas oficiales para dimensionar el fenómeno. En 1984, el 0.5% de los propietarios concentraban en sus manos 32.7% del área cultivable del país; en 1996, el 0.4% de los propietarios tenían 44.6% de la superficie [1]; y actualmente el 0,43% de los propietarios es dueño del 62,91% de las tierras cultivables. Del otro lado, el 57.87% de los propietarios, tiene apenas un 1.66% de la tierra [2]. En 25 años el conflicto armado ha sido utilizado para aumentar la concentración de la propiedad de la tierra. En efecto, Colombia es el segundo país en el mundo, luego de Sudan, por el número de desplazados internos. El desplazamiento de campesinos, indígenas y afro-colombinos no ha sido solamente un efecto colateral del conflicto sino un objetivo en sí de la guerra. En las zonas bananeras del Urabá antioqueño hombres armados ofrecían a los campesinos 250.000 pesos por hectárea de tierra cuyo precio era cuatro veces mayor: quienes no vendían eran amenazados, extorsionados y muchas veces asesinados. El jefe paramilitar alias “HH” reconoció haber asesinado en esa zona en dos o tres años cerca de 1.600 personas. Mediante masacres a la vista de la población fueron desplazadas miles de personas y sus tierras pasaron a manos de sus victimarios, o de quienes actuaron tras de ellos. Otro jefe paramilitar y empresario bananero, Raúl Emilio Hazbún Mendoza, quien controló la región por más de 10 años, ha reconocido sus vínculos estrechos y permanentes con el Ejército y la Policía, con los terratenientes y con las multinacionales inversionistas en la zona bajo su control. Chiquita Brands fue condenada en Estados Unidos a pagar 25 millones de dólares por pagar contribuciones a los paramilitares, pero sus directivos nunca han sido llevados ante la justicia colombiana.

Nuestra solidaridad es universal.

Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.

Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.

La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.

Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.

Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.

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