Para el Grupo de trabajo está claro que «el modelo económico imperante favorece la explotación de recursos naturales mediante proyectos de gran escala territorial y altos volúmenes de producción» y que «este modelo ha marginalizado sistemáticamente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en los territorios donde se concentran los recursos».
Además el Grupo de Trabajo observó que «las actividades empresariales, especialmente en los sectores extractivos, agrícolas y de energía, en muchos casos se acompañan de conflictos sociales y violaciones de derechos humanos». El informe insiste en que «el Grupo de Trabajo ha recibido denuncias sobre la grave situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente, quienes sufren ataques, represalias y estigmatización frecuentemente en el contexto de grandes proyectos empresariales.»
Por ello desde el movimento social se ha ido impulsando la necesidad de un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos.



