36 eurodiputadas y eurodiputados, de diferentes nacionalidades y grupos políticos, expresaron su preocupación por los riesgos actuales que enfrentan las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las y los campesinos, estudiantes, jóvenes y mujeres, especialmente en las regiones históricamente afectadas por el conflicto armado interno, como el departamento del Cauca.
Las y los firmantes exigen al gobierno colombiano que brinde garantías de seguridad a toda la población para que pueda ejercer su derecho fundamental a la protesta. Instaron al Estado colombiano a incrementar y garantizar la protección y seguridad de todas y todos los líderes sociales y políticos, activistas sociales y defensores del medio ambiente, asi como de las comunidades rurales. También piden que se inicien investigaciones penales y disciplinarias por las violaciones de derechos humanos denunciadas, que las investigaciones se realicen con la debida diligencia, seriedad y celeridad, garantizando la participación de las víctimas. Instan al Estado a que emita datos públicos actualizados y transparentes sobre estos procedimientos, el estado de las investigaciones, las imputaciones penales y disciplinarias realizadas y las medidas para garantizar la no repetición.
