
Desde la Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO) expresamos nuestro profundo rechazo y condena por el asesinato de María Ovidia Palechor, lideresa indígena Yanakuna y defensora de derechos humanos, y de James Flor, reconocido líder campesino y representante de las víctimas, ocurrido el 1 de septiembre en el corregimiento de La Pedregosa, municipio de Cajibío, Cauca.
María Ovidia dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, el territorio y la construcción de paz, y desempeñó importantes responsabilidades en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). James Flor desarrolló una reconocida labor en defensa de los derechos de las víctimas y de las comunidades campesinas. Ambos acompañaban los procesos comunitarios del Territorio de Paz de La Pedregosa y habían denunciado reiteradamente la presencia, las amenazas y el amedrentamiento de actores armados en la zona, especialmente después de los graves hechos ocurridos en El Túnel el pasado 25 de abril.
Estos asesinatos resultan especialmente alarmantes porque las comunidades y sus liderazgos habían advertido previamente a las instituciones colombianas sobre la gravedad de la situación y solicitado medidas de protección. La Defensoría del Pueblo ha señalado igualmente la necesidad de adoptar medidas urgentes ante el deterioro de las condiciones de seguridad para quienes ejercen liderazgos sociales en el Cauca.
OIDHACO expresa su solidaridad con las familias de María Ovidia y James, con el pueblo Yanakuna, el CRIC, las comunidades campesinas y con todo el Territorio de Paz de La Pedregosa. Su asesinato constituye una nueva y dolorosa muestra de los riesgos que continúan enfrentando quienes defienden los derechos humanos, representan a las víctimas y construyen alternativas de paz desde los territorios. Según Indepaz, con estos hechos asciende a 103 el número de personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos asesinadas en Colombia durante 2026.
OIDHACO pide al Estado colombiano:
- garantizar una investigación pronta, exhaustiva e independiente que permita identificar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales de estos asesinatos;
- adoptar de manera inmediata medidas eficaces y concertadas de protección para las lideresas, líderes y comunidades del Territorio de Paz de La Pedregosa, atendiendo los riesgos previamente denunciados;
- fortalecer las medidas de prevención y protección colectiva, con enfoques territorial, étnico y de género, para las comunidades y organizaciones sociales del Cauca;
- garantizar que las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y las organizaciones de víctimas puedan ejercer su liderazgo y continuar construyendo paz sin que ello suponga poner en riesgo sus vidas.
La defensa de los derechos humanos y la construcción de paz no pueden seguir costando la vida en Colombia. Proteger a quienes defienden los derechos y sostienen los procesos de paz desde los territorios debe ser una prioridad efectiva del Estado colombiano.
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