Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia

Día: 3 de septiembre de 2026

OIDHACO condena el asesinato de María Ovidia Palechor y James Flor en Cajibío, Cauca

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Desde la Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO) expresamos nuestro profundo rechazo y condena por el asesinato de María Ovidia Palechor, lideresa indígena Yanakuna y defensora de derechos humanos, y de James Flor, reconocido líder campesino y representante de las víctimas, ocurrido el 1 de septiembre en el corregimiento de La Pedregosa, municipio de Cajibío, Cauca.

María Ovidia dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, el territorio y la construcción de paz, y desempeñó importantes responsabilidades en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). James Flor desarrolló una reconocida labor en defensa de los derechos de las víctimas y de las comunidades campesinas. Ambos acompañaban los procesos comunitarios del Territorio de Paz de La Pedregosa y habían denunciado reiteradamente la presencia, las amenazas y el amedrentamiento de actores armados en la zona, especialmente después de los graves hechos ocurridos en El Túnel el pasado 25 de abril.

Estos asesinatos resultan especialmente alarmantes porque las comunidades y sus liderazgos habían advertido previamente a las instituciones colombianas sobre la gravedad de la situación y solicitado medidas de protección. La Defensoría del Pueblo ha señalado igualmente la necesidad de adoptar medidas urgentes ante el deterioro de las condiciones de seguridad para quienes ejercen liderazgos sociales en el Cauca.

OIDHACO expresa su solidaridad con las familias de María Ovidia y James, con el pueblo Yanakuna, el CRIC, las comunidades campesinas y con todo el Territorio de Paz de La Pedregosa. Su asesinato constituye una nueva y dolorosa muestra de los riesgos que continúan enfrentando quienes defienden los derechos humanos, representan a las víctimas y construyen alternativas de paz desde los territorios. Según Indepaz, con estos hechos asciende a 103 el número de personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos asesinadas en Colombia durante 2026.

OIDHACO pide al Estado colombiano:

  • garantizar una investigación pronta, exhaustiva e independiente que permita identificar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales de estos asesinatos;
  • adoptar de manera inmediata medidas eficaces y concertadas de protección para las lideresas, líderes y comunidades del Territorio de Paz de La Pedregosa, atendiendo los riesgos previamente denunciados;
  • fortalecer las medidas de prevención y protección colectiva, con enfoques territorial, étnico y de género, para las comunidades y organizaciones sociales del Cauca;
  • garantizar que las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y las organizaciones de víctimas puedan ejercer su liderazgo y continuar construyendo paz sin que ello suponga poner en riesgo sus vidas.

La defensa de los derechos humanos y la construcción de paz no pueden seguir costando la vida en Colombia. Proteger a quienes defienden los derechos y sostienen los procesos de paz desde los territorios debe ser una prioridad efectiva del Estado colombiano.

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Nuestra solidaridad es universal.

Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.

Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.

La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.

Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.

Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.

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