Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia

Comunicado público sobre la grave situación humanitaria en el Catatumbo

30.04.2026 Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.

Desde la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia (miembros de OIDHACO), han seguido con preocupación la escalada de la violencia que afecta a la región del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander desde los enfrentamientos de enero de 2025 entre el ELN y el Frente 33 del EMBF. En este contexto, alertan sobre la grave y persistente situación humanitaria que continúa afectando a la población civil en el día de hoy. 

El Catatumbo, subregión fronteriza con Venezuela ubicada en el noreste del país, constituye una de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Caracterizada por su valor estratégico como corredor fronterizo, tiene un papel clave en la disputa entre diferentes actores armados ilegales y en el control de economías ilícitas. Esta situación se ve agravada por la limitada presencia estatal.

La población civil sigue siendo la principal víctima que ha provocado esta crisis. Hasta este momento, se cuenta el desplazamiento forzado de más de 100.000 personas y otras graves afectaciones como asesinatos, confinamientos, violencia sexual y reclutamiento de menores.  Cabe señalar que, en este contexto, el riesgo para personas defensoras, liderazgos sociales y firmantes de paz se ha incrementado, siendo éstos objeto de violencia por parte de los grupos armados. 

Las comunidades y organizaciones sociales de la zona, que viven en miedo permanente y con profundos impactos a nivel psicosocial, claman por la urgencia de establecer diálogos humanitarios con los grupos armados para acordar acciones inmediatas de protección y alivio de la población civil.

La continuidad y ampliación de esta crisis humanitaria se ven agravadas por el uso sistemático de drones y la instalación de minas antipersonales. Esta situación ha limitado gravemente el derecho a la movilidad, lo que restringe el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes, así como el acceso a la salud para la población civil. Su persistencia durante más de 15 meses evidencia que la violencia ejercida por los grupos armados sigue siendo el principal obstáculo para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

Hoy, como hace un año, expresamos nuestra solidaridad con las personas y comunidades afectadas, condenamos las graves violaciones de derechos humanos que persisten, e instamos a las autoridades competentes a continuar trabajando para poner fin a la situación de violencia y de vulneración de derechos humanos que azota a la región del Catatumbo. Exhortamos al gobierno a reactivar la mesa de diálogos con el ELN y a continuar poniendo esfuerzos para una solución negociada con el resto de actores armados.

Asimismo, instamos a avanzar, con urgencia, en acuerdos humanitarios que aligeren la grave situación de que vive la población en los territorios, en particular las comunidades étnicas y campesinas.

Desde la Taula Catalana seguiremos monitoreando la situación y continuaremos acompañando políticamente y con presencia en terreno a organizaciones sociales como Ascamcat y otras que conforman la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo.

Nuestra solidaridad es universal.

Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.

Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.

La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.

Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.

Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.

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