Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia

Día: 11 de diciembre de 2025

En el Chocó se agudizan los riesgos para comunidades y procesos organizativos frente a control ejercido por el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la ausencia estatal.

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La Red de Oidhaco manifiesta nuevamente[1] su preocupación sobre la situación que enfrentan las comunidades étnicas y campesinas del Bajo Atrato, departamento del Chocó. En este departamento la crisis humanitaria continúa profundizándose. Según OCHA[2], entre enero y septiembre de 2025, el Chocó ha sido una de las regiones más afectadas por el conflicto armado, registrando graves restricciones a la movilidad por paros armados, ataques contra la población civil, limitaciones al acceso humanitario y riesgos constantes para el personal y bienes de misiones humanitaria. Durante este periodo, el Chocó concentró cerca del 32% de la población confinada del país, reflejo de un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad y de la ausencia de garantías para las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.

En este contexto, solicitamos acciones urgentes frente a la situación específica del Bajo Atrato, zona fuertemente controlada por el grupo sucesor del paramilitarismo autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

  • Instar al Gobierno de Colombia a garantizar transparencia en el proceso adelantado con el autodenominado EGC, así como la participación efectiva, con garantías, y la escucha directa de las comunidades que habitan y resisten en estos territorios desde décadas, asegurando que sus preocupaciones y prioridades sean incorporadas en cualquier ruta de negociación o desescalamiento previsto.
  • Instar al Gobierno de Colombia y en particular al Consejero Comisionado de Paz, a socializar de forma inmediata cual es el mecanismo de monitoreo previsto de cara los avances del proceso de este grupo; Y cuáles son las autoridades civiles y militares responsables del seguimiento, en terreno, de la situación de las comunidades étnico – campesinas que se encuentran en la zona. Asimismo, especificar cuál es la componente nacional, y cuál la internacional prevista para dicho monitoreo, y en qué medida están involucradas las comunidades. En este sentido, también es prioritario que Estado Español, Suiza y Noruega aclaren cuál es el alcance de su acompañamiento al proceso.
  • Urgir a las autoridades estatales nacionales y territoriales a adoptar medidas inmediatas, concertadas y con enfoque territorial, que permitan fortalecer la protección, la participación y la autonomía de las comunidades del Chocó.
Ver abajo comunicado completo.

[1]     Oidhaco. En las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curbaradó, personas defensoras de ddhh y ambiente en riesgo, 16 de mayo de 2025.

[2]      OCHA. Informe de Tendencias e Impacto Humanitario en 2025 | Datos acumulados entre enero – septiembre de 2025. 24 Oct 2025.

Nuestra solidaridad es universal.

Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.

Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.

La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.

Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.

Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.

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