Texto del comunicado: Bogotá, 22 de abril de 2025. Las plataformas de Derechos Humanos, Coordinación Colombia -Europa – Estados Unidos, Alianza de Organizaciones Sociales y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, rechazamos las acusaciones públicas del Ministro de Interior, Armando Benedetti, contra el Personero del municipio de Ocaña, Norte de Santander, Jorge Bohórquez. El Ministro lo señaló de ser sospechoso de ayudar a la insurgencia por cuestionar, en el marco de su labor, los impactos de las operaciones militares en la seguridad de la población, pese a que las personerías municipales tienen el mandato de proteger los derechos de la ciudadanía^[1].

Este tipo de pronunciamientos representan una peligrosa ruptura con los principios y compromisos constitucionales e internacionales de defensa, garantía y protección de los derechos humanos. Además, socavan los pilares democráticos esenciales para el ejercicio del pluralismo, la convivencia democrática, la libertad de expresión y la labor de defensa de derechos humanos, fundamentales para la vigencia de un Estado de derecho.

Nos preocupa que estos señalamientos puedan comprometer la vida y seguridad del personero de Ocaña y refuercen una narrativa estigmatizante según la cual cuestionar los efectos de las medidas de conmoción interior equivale a desacreditar la labor de la las fuerzas militares y, peor aún, a ser sospechoso de colaborar con las organizaciones insurgentes.

Este tipo de acusaciones han tenido consecuencias históricas devastadoras que han originado que cientos de miles de personas fueran asesinadas o desplazadas forzadamente bajo este mismo discurso, el cual también alimentó los miles de crímenes conocidos como “falsos positivos”, donde civiles inocentes fueron asesinados y presentados falsamente como bajas en combate. Estas prácticas lejos de ser aisladas, demuestran un patrón de violencia institucionalizada que no debe repetirse.

Las declaraciones del Ministro del Interior, responsable de formular e implementar las medidas de seguridad para comunidades y personas que defienden los derechos humanos, son especialmente graves, ya que pretenden dividir a la población bajo la lógica amigo-enemigo, supuestamente superada en la orientación de las estrategias militares.  Por otro lado, preocupa que el señor Presidente de la República, quien debería apartarse de estas afirmaciones irresponsables y estigmatizantes, las respaldó en alocución televisada.

Este patrón se agrava con otras afirmaciones recientes del presidente según las cuales las organizaciones sociales del Catatumbo están permeadas por las armas, subordinadas a las organizaciones armadas de la región^[2], y similares declaraciones del general Sánchez, hoy ministro de la Defensa, en el sentido de que en la región del Micay la población está tan cooptada, tan instrumentalizada que se ha puesto en contra de la fuerza pública^[3] constituyen un giro preocupante en la orientación de la guerra y de las operaciones militares, que deshace el camino que se había comenzado a recorrer para civilizar la conducta de las fuerzas militares y erradicar las bases de la doctrina que percibe a sectores de la población como parte del “enemigo interno”.

Por lo anteriormente expuesto, una vez más, hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se abstenga de realizar señalamientos y estigmatizaciones contra comunidades, organizaciones y personas que defienden los derechos humanos, especialmente en zonas altamente afectadas por el conflicto armado y donde rigen medidas de excepción.

Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación que adopte las medidas preventivas y disciplinarias pertinentes frente a los señalamientos realizados por altos funcionarios del Gobierno, a fin de evitar que, bajo las nuevas directrices de la política de seguridad y la aplicación de medidas excepcionales, se ponga en riesgo la vida e integridad de las comunidades y líderes sociales.

Exhortamos a la comunidad internacional a no ignorar estas alarmantes conductas y discursos, que no solo ponen en riesgo los avances logrados en materia de protección y respeto a los derechos humanos, sino que también obstaculizan las condiciones necesarias para alcanzar una paz justa, sostenible y basada en la plena garantía de los derechos fundamentales.

Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos

Alianza de Organizaciones Sociales y Afines

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo