Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia

TLC UE Colombia – Informe Power Shift y Artículo DW – Impactos ambientales

Al raíz de un informe muy interesante de la organización PowerShift titulado «The Climate Impact of the EU Trade Agreement with Colombia, Peru and Ecuador» , Deutsche Welle – DW publicó un artículo – «Palta y camarones para la UE: el impacto en países andinos» – entrevistando a representante de Censat Agua Viva – organización colombiana coparte de varios miembros de OIDHACO.

Conclusión del informe de PowerShift

Traducción propia: «Nuestra evaluación ex-post ha demostrado que, en última instancia y a pesar de las afirmaciones en contrario, el acuerdo comercial entre la UE y los países andinos no contribuye de forma relevante a la consecución de su objetivo declarado de desarrollo sostenible ni a alcanzar una economía neta cero. Desde su aplicación, ha aumentado el comercio de bienes producidos con métodos social y medioambientalmente perjudiciales como el camarón, el aguacate o el plátano, ha reaparecido la fatal dependencia de los países andinos de la exportación de materias primas sin procesar como el oro y el carbón, se ha estancado la descarbonización de suministros de materias primas críticas como el cobre y se han ignorado en gran medida las urgentes necesidades de adaptación de los pequeños productores de café. No existen disposiciones específicas para mitigar el impacto climático del comercio entre la UE y los países andinos.»

Declaraciones de Censat Agua Viva a DW

Indicamos acá unos apartados del artículo de DW con las declaraciones del representante de Censat Agua Viva.

«»Aprovechando la narrativa de la transición verde y energética, y de la necesidad de sustituir exportaciones fósiles, desde el 2018 comenzaron a llegar las empresas de aguacates a Colombia”, dice a DW Christian Torres, coordinador del área del conflictos mineros de Censat Agua Viva de Colombia.

Esta declaración coincide con los datos del estudio de Powershift: entre el 2018 y el 2022, en Quindío, la mayor región aguacatera de Colombia, la producción creció en un 39 por ciento. El problema es que no se trata del cultivo tradicional, sino del monocultivo de una clase específica de aguacate para la exportación, el aguacate Hass, que desplaza otras variedades, que concentra el agua y que requiere inusitadas cantidades de pesticidas.

 El especialista de Censat Agua Viva va un paso más allá y combina la fiebre del  aguacate con la tendencia extractivista actual, en aras de la transición energética. «Para la extracción minera hay zonas donde se ha conseguido que las empresas no tengan licencia medio ambiental. No obstante, para la producción de aguacate, en aras de la necesidad de diversificar, se permite cambiar el uso del suelo: de selva tropical a agronegocio. El uso de esa tierra árida que deje posteriormente el monocultivo del aguacate será fácilmente cambiado, de tierra agrícola a tierra para extracción de minerales como oro, plata o platino”, afirma Christian Torres. «

Declaración conjunta sobre los ataques a las ONG en el Parlamento Europeo

Más de 570 organizaciones, unen sus fuerzas para denunciar los ataques a las organizaciones europeas de la sociedad civil por parte de algunos miembros del Parlamento Europeo y llaman a todas las fuerzas democráticas a contrarrestar esta narrativa.

Las organizaciones europeas de la sociedad civil (OSC) se enfrentan actualmente a un ataque sin precedentes por parte de algunos diputados del Parlamento Europeo. El ataque, encabezado por algunos eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) y por grupos de extrema derecha, está alimentado por la desinformación. Este ataque recurre a argumentos falaces para fabricar artificialmente un escándalo y es difundido y amplificado por los medios de comunicación mal informados. En un momento en el que los valores democráticos se están erosionando en toda la UE y en los Estados miembros, y en el que los actores cívicos que actúan en favor de estos valores son cada vez más atacados, esta renovada ofensiva contra la financiación de las OSC y contra nuestra legitimidad en el proceso democrático corre el riesgo no solo de reducir aún más los espacios cívicos europeos, sino de debilitar la democracia en su conjunto.

Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas democráticas para que se opongan a las falsas narrativas y a la desinformación en torno al papel de las organizaciones de la sociedad civil, para que protejan nuestro papel único en la democracia europea y apoyen la financiación pública de la sociedad civil. La participación cívica es un pilar esencial de nuestros valores europeos compartidos. Pedimos a los responsables políticos que garanticen un marco jurídico sólido en el que la sociedad civil y las organizaciones ciudadanas puedan prosperar y desempeñar su papel interactuando con los responsables políticos para informar mejor el proceso de toma de decisiones. La democracia consiste en el derecho de los ciudadanos a ser escuchados colectivamente para construir una sociedad inclusiva y un futuro europeo compartido, y unas OSC independientes y debidamente financiadas son una herramienta crucial para lograrlo.

Investigación: Patrones de estigmatización y estereotipos hacia las personas defensoras de derechos humanos, sus colectivos y comunicadores/as comunitarios/as. Impactos en la protección y en el Derecho a Defender Derechos.

Este trabajo investigativo es resultado de la alianza entre Protection International (PI) – miembro de OIDHACO y VerdadAbierta.com, con el apoyo del Servicio de Instrumentos de Política Exterior (FPI, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, en el marco del proyecto Desinformación y estigmatización: cambiando las narrativas locales en Colombia.

Colombia es un país que ha buscado la paz y la reconciliación, lo que se ha reflejado recientemente con los procesos de negociación que culminaron con la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2016. Sin embargo, el periodo del posacuerdo ha estado atravesado por hechos de violencia multidimensional en el país, afectando, en particular, a mujeres, comunidades étnicas y campesinas y las diferentes formas de organización colectiva que se tejen en los territorios, sin obviar los liderazgos sociales cuya labor ha sido la defensa de los derechos humanos, territoriales y ambientales.

Como resultado de ello, Colombia en el año 2023, una vez más, ocupó el primer lugar como el país con los índices de violencia más altos contra la vida y la libertad de las personas defensoras de los DDHH y ambientales. Por lo mismo, los propósitos fundamentales de estos liderazgos en la defensa y protección de los derechos humanos se han visto afectados por amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados. De hecho, casi la mitad de los asesinatos de defensores, a nivel mundial, ocurren en Colombia, sobre todo contra defensores de la tierra y el medio ambiente.

No obstante, en medio de esta paradoja -entre violencia y lucha por la vida- las personas y colectivos defensores de derechos humanos construyen prácticas y procesos de resistencias cotidianos para seguir existiendo. Justamente, en esta aparente contradicción entre violencia y lucha, se sitúa uno de los objetivos centrales de Protection International en Colombia: potenciar la agencia de las personas defensoras de derechos humanos (PDDH) y de sus organizaciones, contribuyendo, al mismo tiempo, a fomentar entornos más favorables para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos (DDDH).

La investigación y el proyecto se centraron en la relación entre varios fenómenos: desinformación, estigmatización y violencia en contra de las PDDH y de sus colectivos. Contó con la participación de organizaciones de DDHH y colectivos de comunicadores comunitarios de cinco departamentos del país (Norte de Santander, Vichada, Bolívar, Cauca, Huila y Putumayo) y la región Montes de María, ubicada entre Bolívar y Sucre.

El documento identifica y analiza los modos en cómo la estigmatización y la desinformación constituyen factores de desprotección de personas, colectivos y comunicadores defensores de derechos humanos; además evidencia cómo ambas inciden negativamente en la participación efectiva para la defensa de los derechos en Colombia.

Finalmente, aporta recomendaciones para mitigar o contrarrestar estos fenómenos, en particular, con la construcción y difusión de nuevas narrativas desde las comunidades afectadas.

Ver la página del informe acá.

Nuestra solidaridad es universal.

Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.

Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.

La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.

Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.

Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.

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