La Reforma Rural Integral (RRI) es un punto neurálgico del Acuerdo de Paz ya que en Colombia existe una desigualdad histórica en la tenencia de la tierra (CINEP, 2021: 5). Este punto del Acuerdo de Paz es el que menos avances tiene (Kroc, 2021: 16), no se han implementado medidas que modifiquen la estructura agraria en Colombia y, por lo tanto, no se registraron los cambios estructurales necesarios para transformar el campo y el sector rural de forma integral.

El Punto 2 del Acuerdo de Paz pretende modernizar y fortalecer la democracia a través de mecanismos y medidas que garanticen la participación política de sectores históricamente sub representados. Se esperan reformas estructurales tales como: garantías a la participación ciudadana, reforma política-electoral, reforma a la planeación participativa y democrática, y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Kroc, 2021: 18). Su implementación abarca reformas normativas y el fortalecimiento de capacidades institucionales y sociales (Kroc, 2021: 17, 82).

El Punto 3 del Acuerdo de Paz pretende generar las condiciones necesarias para acabar con el conflicto armado entre el Gobierno nacional colombiano y las extintas FARC-EP. Para eso son necesarias medidas estructurales como la dejación de armas, las garantías de reincorporación de las personas excombatientes, y el acuerdo sobre garantías de seguridad, lucha contra las organizaciones y conductas criminales. Las primeras medidas se concluyeron casi en su totalidad, mientras que las otras, compuestas por disposiciones de implementación a mediano y largo plazo todavía deben ser implementadas (Kroc, 2021: 18 y 97).

El Acuerdo de Paz cuenta con mecanismos dirigidos a solucionar de forma estructural el problema de producción y comercialización de narcóticos. Busca intervenir sobre los diferentes niveles de la cadena del narcotráfico para abordar el fenómeno de manera integral (Kroc, 2021: 115). En el Acuerdo, está previsto que los programas del punto 4 se desarrollen a largo plazo, con un compromiso político contundente y el aseguramiento de una presencia estatal integral en los territorios. Hasta el momento los avances son mínimos, lo que impidió cambios reales en los territorios.

Las víctimas del conflicto armado están al centro del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Colombia y las antiguas FARC-EP. Su participación  activa en el proceso de justicia transicional es indispensable para la obtención de la verdad, la justicia y la reparación. Para este propósito, se acordó la creación de un Sistema Integral para garantizar sus derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición (SIVJRNR). La implementación de las disposiciones de este punto requiere un alto nivel de compromiso de todas las partes; tanto de autoridades públicas, como de quienes participaron en el conflicto y de la sociedad civil (Kroc, 2021: 130). Las instituciones que conforman dicho Sistema han demostrado su compromiso con las víctimas para alcanzar lo planteado en este punto, a pesar de todos los obstáculos, y de la falta de reconocimiento de su legitimidad y los ataques constantes por parte del gobierno colombiano y de los sectores afines al mismo; siendo así un reto para la implementación de las medidas estructurales a mediano y largo plazo previstas por el Acuerdo.