Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia

Día: 17 de febrero de 2014

Nota de prensa – Defender el medioambiente, un riesgo en Colombia.

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Hoy se conmemoran tres años de la triste desaparición de Sandra Viviana Cuellar Gallego, ingeniera medioambiental de 26 años, desaparecida desde el 17 de febrero de 2011 en la ciudad de Cali.

Oidhaco ve con profunda preocupación los ataques en contra de quienes defienden el derecho al territorio, el derecho a oponerse a  megaproyectos que afectan el medioambiente y el entorno de vida de las comunidades, como pueden ser los proyectos mineros o hidroeléctricos. Recordamos varios asesinatos de ambientalistas en el transcurso de los últimos meses: Adelinda Gómez Gaviria del Cauca, quien tenía un papel activo en el Foro Minero y Ambiental, asesinada el 30 de septiembre 2013; César García del Comité Ambiental y Campesino del  Tolima, reconocido activista  en contra del proyecto minero de explotación de oro conocido como ‘La Colosa’, impulsado por la empresa Anglogold Ashanti, asesinado el 2 de noviembre 2013, y Robinson David Mazo, integrante del Movimiento Ríos Vivos luchando en  contra del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, asesinado el 30 de noviembre 2013.

Nuestra solidaridad es universal.

Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.

Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.

La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.

Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.

Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.

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