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Comercio, empresas y Derechos Humanos

Uno de los pilares de la relación entre la UE, los estados Europeos y Colombia son las relaciones comerciales, a las cuales Oidhaco hace seguimiento desde una perspectiva de derechos humanos. Oidhaco considera que las relaciones comerciales y el actuar de las empresas europeas y trasnacionales con actividades en Colombia deben realizarse con el pleno respeto de los derechos humanos, de los derechos colectivos de las comunidades étnicas y de los procesos organizativos y territoriales de las comunidades campesinas y rurales.

Colombia es el cuarto socio económico de la UE en América Latina y la UE es el segundo socio comercial del Colombia. Entre los principales productos exportados a los mercados europeos está el carbón. La industrias extractivas, de hidrocarburos, de recursos energéticos y la agroindustria se han desarrollado históricamente en Colombia en el marco de graves violaciones a los derechos humanos y con estrategias como el desplazamiento forzoso, masacres, asesinatos, hostigamiento y criminalización de líderes y lideresas comunitarios y medioambientalistas, y el acaparamiento de tierras. Destacan los impactos ambientales y las violaciones de derechos humanos en varios sectores con inversión europea o de exportación a la UE, como el carbón, la palma aceitera, el sector energético y el puerto de Buenaventura. Colombia es un país con uno de los mayores índices de conflictos ambientales y gran número de ataques y asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos es dirigido contra medioambientalistas y personas defensoras de la tierra y el territorio.

Colombia y la UE tienen un Acuerdo Comercial de libre comercio, que incluye a  Perú y Ecuador, el cual está en aplicación provisional desde 2013. Oidhaco hace seguimiento a su componente de derechos humanos: una cláusula democrática y un capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible sobre respeto al medio ambiente, los derechos laborales y los derechos humanos en general. Otros países europeos cuentas con acuerdos comerciales o de libre comercio con Colombia, como es el caso de Suiza, Noruega e Islandia, que hasta ahora no tiene ninguna cláusula de sostenibilidad o de derechos humanos Oidhaco insta a la Unión Europea a que exija al Estado colombiano cumplir las provisiones de derechos humanos que existe  en el Acuerdo comercial y a que desarrolle mecanismos de resolución de diferencias que sean vinculantes.

Otro de nuestros ejes de trabajo es el de empresas y derechos humanos, en el cual Oidhaco visibiliza casos de empresas europeas con acción en Colombia que violan los derechos humanos. Oidhaco incide ante las instituciones de la UE y los Estados europeos para que exijan a sus empresas el respeto integral de los derechos humanos y del medio ambiente en Colombia. Oidhaco también apoya la creación de mecanismos vinculantes con sanciones para violaciones de derechos humanos y con participación de la sociedad civil en el marco de actividades comerciales, como es el Tratado Vinculante de la ONU de empresas y derechos humanos.

Nuestra solidaridad es universal.

Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.

Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.

La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.

Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.

Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.

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