Qué hacemos
Casos emblemáticos
Casos emblemáticos
Desde 2015, Oidhaco decidió acompañar algunas comunidades y procesos de defensa de los derechos humanos para apoyarles en la incidencia internacional. Los retos de DDHH y de paz en Colombia continúan y por medio de nuestros casos emblemáticos, llamamos la atención sobre casos particulares que reflejan dinámicas estructurales de la violencia en Colombia y también trabajamos conjuntamente entre Colombia para visibilizar para desarrollar acciones que nos permitan avanzar hacia la construcción de paz y el respeto de los derechos humanos en los territorios.
Oidhaco tiene 3 casos emblemáticos: el Bajo Atrato, Buenaventura y el Consejo Regional Indígena del Cauca. Las regiones del Pacifico, del Bajo Atrato y en el Cauca han sido históricamente azotadas por el conflicto armado y las dinámicas del conflicto continúan agravándose. Sus comunidades, líderes y lideresas, y personas defensoras de los derechos humanos juegan un papel fundamental para la construcción de paz territorial y las garantías de los derechos humanos en Colombia.
Caso Bajo Atrato
La región del Bajo Atrato, en el Chocó. En esta subregión existen diferentes problemáticas: en el marco del conflicto armado a través del paramilitarismo se ha implementado, por más de dos décadas, una estrategia de despojo territorial que ha buscado la consolidación de un modelo económico extractivista, relacionado con la implementación de proyectos de agroindustria, obras de infraestructura en detrimento de los derechos étnico territoriales de comunidades indígenas y afrodescendientes. Los casos de las comunidades de las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó son paradigmáticas y hacen parte de este caso.
Desde el año 2019, atraviesa una delicada situación que entidades como la Defensoría del Pueblo han denominado “crisis humanitaria sostenida”, caracterizada esta por el considerable recrudecimiento del conflicto armado y sus efectos en razón de las confrontaciones entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Como consecuencia de ello, se han incrementado las violaciones a los Derechos Humanos y al DIH, con clarísimos efectos sobre la población civil (étnica) y sus territorios: desplazamientos forzados, amenazas a líderes/as, confinamiento de comunidades étnicas (especialmente indígenas), violencia sexual, minado de territorios, despojo, homicidios selectivos, reclutamiento forzado, extorsiones, entre otros. En esta subregión existe también una estrategia de despojo territorial que busca la consolidación de un modelo económico extractivista, relacionado con la implementación de proyectos de agroindustria, obras de infraestructura en detrimento de los derechos étnico territoriales de comunidades indígenas y afrodescendientes. Asimismo, es un caso que ataña temas de restitución de tierras y/o derechos territoriales étnicos y campesinos así así como es escenario de grave crisis humanitaria, de violaciones a los DDHH y de infracciones al DIH.
Caso Buenaventura
Buenaventura es el principal puerto exportador del Pacifico colombiano, así como uno de los distritos de Colombia más afectados por el conflicto armado. Sus rutas comerciales ofrecen conectividad portuaria y aérea hacia el océano Pacífico y el canal de Panamá, sus riquezas hídricas y minerales y su potencial económico con la proyección de mega obras impulsoras del comercio, la industria y el turismo ha hecho que diversos actores se interesen en su control territorial. No obstante, la firma del Acuerdo de Paz, las violaciones de derechos humanos persisten y la disputa entre actores armados y estructuras criminales para el control de la región y/o su aprovechamiento económico ha transformado el municipio en un escenario de múltiples violencias y desigualdades.
La gravedad de los crímenes ha llevado a varias comunas a constituirse como Espacio Humanitario en el que exigen a los actores armados legales e ilegales no hacer presencia. Asimismo, múltiples organizaciones de la sociedad civil se organizaron en el Paro Cívico de Buenaventura para exigir al gobierno colombianos garantías de sus derechos humanos. La alianza de las empresas privadas con la institucionalidad local para llevar a cabo megaproyectos, también ha contribuido al desalojo y despojo de los habitantes de sus territorios, así como la inversión extranjera. El accionar de esta empresa ha generado afectaciones medioambientales, empeoramiento de las condiciones de vida de los barrios colindantes: impactos en las viviendas, contaminación acústica, vertidos irregulares de líquidos, perdida de espacios comunitarios, afectación a la actividad pesquera.
Consejo Regional Indígena del Cauca Cric
El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, es la organización que agrupa a más del 90% de las comunidades indígenas del departamento del Cauca.En la actualidad representa 115 Cabildos y 11 Asociaciones de Cabildos que están divididos en 9 zonas estratégicas y que agrupa a 8 pueblos independas de este departamento. Su misión es la defensa de los derechos fundamentales y específicos de los pueblos indígenas.
En el Departamento del Cauca, desde inicios del conflicto armado colombiano se ha venido presentando la problemática en los territorios indígenas, todos los actores del conflicto han tratado de imponer su control sobre las comunidades indígenas del departamento, atacando y violentando los derechos constitucionales de autonomía y autodeterminación.
Las afectaciones y violaciones han sido múltiples como asesinatos a líderes políticos y espirituales, violencia sexual, reclutamiento de menores, desapariciones forzadas, desplazamiento, amenazas, afectaciones culturales, sociales, emocionales y espirituales, poniendo los pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural, como lo reconoció el auto 004 de la Sala Constitucional.
Muchas comunidades indígenas del Cauca han sido certificadas como víctimas colectivas bajo los términos de los Acuerdos de La Habana, reconociendo sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición tanto colectiva como individual. No obstante, debido a la poca voluntad política del Estado colombiano que se manifiesta entre otras en los recortes de presupuesto al Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No-Repetición (SIJVRNR) así como el incumplimiento de un sin-número de acuerdos políticos con las comunidades. Las garantías de no repetición no se han cumplido. La afectación más frecuente son las amenazas individuales en contra de líderes y lideresas y personas defensoras de los derechos humanos. También hay violaciones al derecho a la vida, masacres y atentados, Además de la estigmatización que se realiza al trabajo que ejerce la guardia indígena en los territorios.
