Informe de Oidhaco con la colaboración de Catapa elaborado en el marco del proceso de evaluación de la Comsión Europea del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador. El documento hace un análisis de los mecanismos de monitoreo de
El proceso de negociación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú y su aprobación en el Consejo y el Parlamento Europeo estuvieron acompañados de preocupaciones expresadas por las organizaciones de la sociedad civil. No parecía oportuno cerrar un Acuerdo Comercial con dos países con un historial de violaciones de derechos humanos. En Colombia, se acababan de conocer las dimensiones de la práctica de ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de las fuerzas armadas, la mayoría de ellas cometidas entre 2002-2008, incentivadas por políticas de Estado que dejaron entre 2 000 y 10 000 civiles muertos. Recién había salido a la luz que los servicios de inteligencia estatales (DAS) espiaron durante años a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, magistrados de las altas cortes, congresistas, sindicalistas y que, en algunos casos, se usó la información así obtenida para coordinar asesinatos de estas personas con grupos paramilitares. Se denunciaban altas tasas de asesinatos de sindicalistas: desde 1973 hasta 2013, fueron asesinados 3. 095 sindicalistas en Colombia y miles habían sufrido otras agresiones, como amenazas, desaparición forzada, etc. En la primera década de 2000, se registraron 5 664 952 víctimas del conflicto armado, más de la mitad del total de las víctimas (1981-2020), según el Registro Único de Víctimas. La mayoría son personas desplazadas forzadamente. Es en este contexto que se negoció el Acuerdo Comercial con Colombia.
