El 63 período de sesiones ha permitido dar visibilidad internacional a varias preocupaciones relacionadas con la situación de los derechos humanos en Colombia, particularmente en un contexto marcado por el décimo aniversario del Acuerdo de Paz de 2016 y las primeras decisiones del nuevo Gobierno.

Las intervenciones de organizaciones de la sociedad civil, mecanismos independientes de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, así como las posiciones expresadas por el propio Estado colombiano, permiten identificar cuatro grandes ámbitos de especial relevancia para el seguimiento y el trabajo de incidencia.

En primer lugar, la implementación del Acuerdo de Paz y los posibles retrocesos en sus compromisos fundamentales ocuparon un lugar destacado en distintas intervenciones. Se expresaron preocupaciones sobre el futuro de la Reforma Rural Integral, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas, especialmente ante posibles modificaciones institucionales, recortes presupuestarios y discursos que cuestionan los avances alcanzados. En relación con la Reforma Rural Integral, se recordó que el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de derechos implica obligaciones para el Estado y está directamente vinculado con el Punto 1 del Acuerdo de Paz. Por otra parte, las intervenciones sobre desapariciones forzadas pusieron de manifiesto que este fenómeno no constituye únicamente una consecuencia histórica del conflicto armado, sino que continúa produciéndose después de 2016. También se advirtió de la diversificación de los patrones de desaparición, cada vez más vinculados con las economías ilícitas, la trata de personas, la explotación sexual y distintas formas de control territorial. En este contexto, se reclamó preservar los recursos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y garantizar la aplicación efectiva de las medidas de protección para las mujeres buscadoras. Al mismo tiempo, el reconocimiento por parte de Naciones Unidas de la JEP y la Comisión de la Verdad como ejemplos de buenas prácticas en justicia transicional aportó un contrapunto a los cuestionamientos de estos mecanismos. En conjunto, estas intervenciones reforzaron la necesidad de preservar los avances institucionales y mantener la implementación integral del Acuerdo de Paz en la agenda internacional.

En segundo lugar, la posición del nuevo Gobierno colombiano respecto al enfoque de género, los derechos sexuales y reproductivos y la discriminación constituyó uno de los elementos políticos más significativos del período de sesiones. La declaración interpretativa presentada por Colombia el 7 de octubre introdujo reservas y limitaciones sobre conceptos fundamentales como salud y derechos sexuales y reproductivos, violencia basada en género y discriminación interseccional. Esta posición se interpreta como una señal de alejamiento respecto a la incorporación transversal de los enfoques de género y diversidad en las políticas públicas y en los compromisos internacionales de derechos humanos. También plantea interrogantes sobre sus posibles consecuencias para la protección de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+, así como para la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz.

En tercer lugar, la evolución de la política de seguridad y de lucha contra el narcotráfico fue objeto de importantes advertencias desde una perspectiva de derechos humanos. Las intervenciones sobre la posible reanudación de fumigaciones con sustancias químicas, particularmente glufosinato de amonio, plantearon preocupaciones por sus posibles consecuencias sobre la salud, el medio ambiente y los medios de vida de las comunidades rurales. Asimismo, el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en el Contexto de la Aplicación de la Ley (EMLER), tras su visita a Colombia, advirtió de que los enfoques predominantemente punitivos y militarizados han provocado históricamente violaciones de derechos humanos y afectaciones desproporcionadas sobre las comunidades afrocolombianas. El mecanismo insistió en que cualquier ampliación de las operaciones de seguridad debe evitar la reproducción de patrones de perfilamiento racial, criminalización y uso excesivo de la fuerza. Aunque el Gobierno colombiano defendió la necesidad de combatir las organizaciones criminales y cuestionó algunas de las conclusiones del informe por referirse a un período anterior a su llegada al poder, las recomendaciones internacionales establecen referencias claras para evaluar las nuevas políticas de seguridad. Las intervenciones también reforzaron la necesidad de vincular la lucha contra el narcotráfico con el desarrollo rural, la participación comunitaria y la protección de los derechos de las poblaciones más afectadas.

Finalmente, la protección de los derechos territoriales de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como la responsabilidad de los actores económicos, constituyó otro eje relevante de las intervenciones relacionadas con Colombia. La representación del pueblo indígena Kankuamo alertó sobre los riesgos de regresión de derechos territoriales previamente reconocidos, especialmente frente a cambios en las prioridades gubernamentales y presiones derivadas de actividades extractivas, y destacó la importancia de proteger la Línea Negra y los territorios ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas preocupaciones encuentran puntos de conexión con las intervenciones sobre el reconocimiento jurídico del campesinado y la necesidad de preservar las garantías territoriales contempladas en la Reforma Rural Integral.       Estas referencias permiten situar la protección territorial y ambiental de las comunidades colombianas en una discusión internacional más amplia sobre responsabilidad empresarial, consentimiento libre, previo e informado y acceso efectivo a la justicia.

En conjunto, el período de sesiones permitió trasladar al ámbito internacional preocupaciones centrales de las organizaciones colombianas, al tiempo que aportó recomendaciones de mecanismos independientes y puso de manifiesto algunas de las posiciones del nuevo Gobierno en materia de derechos humanos. No obstante, conviene distinguir entre las denuncias y demandas presentadas por las organizaciones, las conclusiones de los mecanismos de Naciones Unidas y las declaraciones oficiales del Estado, dado que no todas tienen el mismo alcance institucional.

Para OIDHACO y sus organizaciones miembros, el principal valor de estas intervenciones reside en la posibilidad de utilizar sus contenidos para reforzar el seguimiento de los compromisos internacionales de Colombia y alimentar la interlocución con las instituciones europeas. El décimo aniversario del Acuerdo de Paz ofrece, además, una oportunidad para conectar las preocupaciones actuales sobre justicia transicional, género, seguridad y derechos territoriales con la necesidad de preservar los avances alcanzados y garantizar la continuidad de los compromisos de construcción de paz.