Caribe Afirmativo / Wilson Castañeda – Retrocesos institucionales y riesgo de regresividad en los derechos LGBTIQ+
En su intervención alertó sobre una sucesión de decisiones que apuntan de forma inmediata a un debilitamiento progresivo de la agenda LGBTIQ+ en Colombia. Entre los ejemplos mencionados estuvieron la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, la desaparición del lenguaje inclusivo en determinados documentos de la administración y la reducción de la participación de Colombia en espacios internacionales vinculados a los derechos LGBTIQ+, como la Equal Rights Coalition. Señaló que hasta la fecha son ya 27 acciones que el gobierno entrante ha desarrollado en contra de los derechos de las personas LGBTIQ+.
Dentro de estas acciones se incluyen los nombramientos de personas que han mantenido posiciones claramente contrarias a los derechos LGBTIQ+, así como se destaca una menor interlocución entre el Gobierno y las organizaciones sociales.
Entre los casos señalados se encuentran responsables de alto nivel en los ministerios de Educación, Cultura y Relaciones Exteriores, la representación de Colombia ante la OEA y la persona encargada de la liquidación del Ministerio de Igualdad. Se trata de perfiles que, en distintos momentos, han expresado posiciones contrarias a los enfoques de género, la educación sexual integral, el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo y otras políticas de reconocimiento de los derechos LGBTIQ+, o que han promovido discursos e iniciativas contra la denominada “ideología de género”.
La preocupación expresada no se limita a una posible derogación formal de derechos, sino también al riesgo de que políticas ya existentes pierdan efectividad por falta de presupuesto, debilitamiento institucional o ausencia de voluntad política para aplicarlas. Wilson Castañeda recordó además que el Acuerdo de Paz de 2016 incluyó de forma expresa a las personas LGBTIQ+ y que cualquier retroceso en su implementación afecta también a esta población. Por ello, pidió a la comunidad internacional acompañar la defensa de los avances constitucionales y recordar al Estado colombiano que los derechos reconocidos no pueden ser objeto de regresión.
Fundación Latidos del Chocó / María Victoria – Violencia, territorio e interseccionalidad
Desde el Chocó, la intervención de María Victoria mostró cómo estos retrocesos se viven de manera más aguda en territorios donde continúa el conflicto armado. Como ejemplo del deterioro de la seguridad, se mencionaron ataques recientes con drones en el departamento y la persistencia de dinámicas armadas que afectan directamente a las comunidades.
Ella insistió en una paradoja central: Colombia cuenta con uno de los marcos jurídicos más avanzados de la región para la protección de las personas LGBTIQ+, pero siguen registrándose asesinatos, amenazas, violencia por prejuicio y discriminación. Las personas trans continúan siendo uno de los grupos más expuestos a ataques.
También destacó la situación particular de personas LGBTIQ+ afrodescendientes e indígenas, que enfrentan simultáneamente discriminación por orientación sexual o identidad de género, racismo, exclusión territorial y violencia armada. Desde esta perspectiva, la protección no puede limitarse a medidas generales, sino que debe incorporar enfoques étnicos, territoriales y diferenciales.
La intervención de Maria Victoria subrayó asimismo que los procesos de paz y las negociaciones con actores armados tienen efectos concretos sobre la seguridad de estas comunidades. Mantener los diálogos y evitar una nueva escalada del conflicto es una condición necesaria para garantizar derechos en los territorios
Corporación Humanas / Adriana Benjumea – Decisiones institucionales y riesgos concretos
Adriana Benjumea situó varios de los cambios recientes dentro de una “guerra cultural” que combina discursos discriminatorios, nombramientos políticos y decisiones administrativas con consecuencias concretas sobre las políticas de igualdad.
Entre los ejemplos señalados estuvo la designación de Milton Rodríguez en el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad, una decisión que genera incertidumbre sobre qué institución asumirá ahora la interlocución con las organizaciones de mujeres y LGBTIQ+ y qué ocurrirá con las políticas desarrolladas por ese Ministerio.
También expresó preocupación por medidas relacionadas con seguridad y orden público, entre ellas los nuevos protocolos de ingreso de la fuerza pública en universidades y los cambios relacionados con el porte de armas. Estas decisiones fueron presentadas como parte de una tendencia hacia respuestas más centradas en seguridad y militarización.
Preocupa especialmente la decisión del nuevo Gobierno de levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego,
en un contexto de persistente violencia contra las mujeres y las personas LGBTIQ+, ya que una mayor presencia de armas en los espacios cotidianos puede incrementar los riesgos de violencia de género, violencia intrafamiliar y ataques por prejuicio. Otro de los puntos destacados fue el riesgo de reducción de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto tendría consecuencias no solo sobre el conjunto del sistema de justicia transicional, sino también sobre el macrocaso 11, que investiga violencia basada en género, incluida la violencia sexual, reproductiva y por prejuicio cometida durante el conflicto armado.
Finalmente, alertó sobre las dificultades que un debilitamiento presupuestario e institucional podría generar para la implementación del Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad.
Principales conclusiones
Las organizaciones advirtieron que el cambio de Gobierno no plantea únicamente incertidumbres sobre la continuidad de las políticas LGBTIQ+, sino señales de una falta de voluntad política para sostenerlas y de una orientación abiertamente contraria a varios de los avances alcanzados. El cierre del Ministerio de Igualdad, el cuestionamiento de las políticas de género y la reducción de los espacios de interlocución generan preocupación sobre el futuro de la financiación, la institucionalidad y la participación de las organizaciones LGBTIQ+.
La preocupación trasladada durante el webinar fue que algunos derechos y políticas puedan seguir existiendo formalmente pero pierdan efectividad si desaparecen los equipos, presupuestos o mecanismos institucionales responsables de implementarlos.
También se situó el caso colombiano en un escenario regional más amplio. Se señaló que, aunque América Latina ha experimentado avances importantes en el reconocimiento de derechos LGBTIQ+, estos han convivido con un incremento de la violencia, de los discursos anti-derechos y de la llegada y presencia de estos sectores en espacios políticos e institucionales. También se destacó que muchas redes regionales existen y mantienen coordinación entre países como Colombia, Argentina, El Salvador o Estados Unidos, pero que la falta de recursos limita su capacidad real de actuación y presencia internacional.
Un problema especialmente concreto es la reducción de la cooperación internacional. Durante el debate se mencionó el cierre de USAID y la disminución de fondos procedentes de países como Alemania, Países Bajos y Francia. Para muchas organizaciones LGBTIQ+ latinoamericanas, especialmente las más pequeñas o territoriales, esta reducción afecta directamente su capacidad de participar en redes internacionales, documentar violaciones, proteger a personas amenazadas o mantener presencia en los territorios.
Un mensaje común a la Unión Europea y a la comunidad internacional
Las distintas intervenciones coincidieron en pedir que el acompañamiento internacional no se limite a declaraciones generales. Entre las prioridades concretas señaladas estuvieron mantener financiación flexible y de largo plazo para las organizaciones sociales, hacer seguimiento al cierre del Ministerio de Igualdad y al destino de sus competencias, apoyar la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz, respaldar el trabajo de la JEP y del macrocaso 11(Violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio), y vigilar la implementación de la Resolución 1325 de naciones unidas sobre mujeres Paz y seguridad.
También se pidió que estas cuestiones formen parte del diálogo político y de derechos humanos entre la Unión Europea y Colombia, y que se garantice la participación efectiva y directa de la sociedad civil en programas de cooperación e inversiones europeas, incluida la estrategia del Global Gateway.
Reforzar el apoyo y el acompañamiento, en Colombia y desde el exterior, a las organizaciones sociales, garantizar espacios efectivos de diálogo con el Gobierno y preservar el compromiso con la paz, evitando que el país retorne a lógicas de confrontación y militarización que recuerdan las etapas más duras de su pasado de guerra.
En conclusión, los avances legales alcanzados en los últimos años pueden quedar vacíos de contenido si, además de la falta de voluntad política, no existen instituciones y organizaciones de la sociedad civil sólidas con recursos suficientes y espacios de participación que garanticen su aplicación efectiva.
