Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia

Comunicado ante las recientes declaraciones del Presidente Gustavo Petro estigmatizando organizaciones sociales en Colombia

Bruselas 12 marzo de 2025

La Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (Oidhaco)[1] rechaza toda clase de estigmatización en contra de  organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos y hacemos un llamado a la Unión Europea, sus estados miembros, Suiza, Reino Unido y Noruega, a manifestar públicamente su apoyo a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y constructoras de paz en Colombia.

Respaldamos el llamado de las plataformas y organizaciones de derechos humanos y paz de Colombia, quienes exigen una rectificación por parte del presidente Gustavo Petro, en cuanto a las declaraciones estigmatizantes que realizó durante el Consejo de Ministros televisado del 3 de marzo, enfocado en la crisis humanitaria del Catatumbo. En ese contexto, el mandatario hizo graves declaraciones vinculando las organizaciones sociales de la región con actores armados al margen de la ley. Recordamos que son  organizaciones que, como evidencia la misma Defensoría del Pueblo de Colombia, llevan décadas aportando a la defensa de los derechos humanos y a la construcción de paz, “en un contexto de ausencia de protección integral y efectiva por parte del Estado”, y habiendo sufrido graves violaciones a sus derechos y libertades fundamentales.  Hoy exigen al presidente que se retracte en tanto que sus declaraciones exacerban la estigmatización de las organizaciones que ya son víctimas del abandono del Estado, suprimen las garantías para su participación política y profundizan su estado de riesgo ante actores ilegales.

Como es notorio, el Catatumbo es una de las zonas de Colombia históricamente más afectadas por los impactos del conflicto armado. Y que hoy en día atraviesa una de las más graves crisis humanitarias debido a la intensificación de la violencia por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC: reportándose en pocas semanas más de 50.000 personas desplazadas y más de 70 personas asesinadas, entre ellas seis firmantes del Acuerdo de Paz.

Asimismo, como evidencia el reciente informe anual del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a pesar de algunos avances, la situación de personas defensoras en el país sigue siendo crítica, persistiendo asesinatos, amenazas, seguimientos y estigmatización. A este propósito, recordamos que la misma Presidencia, de la República de Colombia a través de la Directiva Presidencial 07/2023 hace énfasis en “la importancia de reconocer la labor de estas personas (defensoras de derechos humanos) y combatir cualquier forma de estigmatización que hayan experimentado. El ejecutivo se compromete a contribuir en la investigación y sanción de toda forma de violencia contra quienes defienden los derechos humanos en el país

Por todo lo anterior, solicitamos

  • A la Unión Europea, sus estados miembros, Suiza, Reino Unido y Noruega a manifestar públicamente su apoyo a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y constructoras de paz en Colombia.
  • Al gobierno de Colombia a:
    • retractarse de forma inmediata sobre los graves señalamientos realizados en contra de organizaciones sociales del Catatumbo,
    • avanzar con la mayor celeridad en la aprobación de una Política pública de garantías integrales para quienes defienden los derechos humanos.
    • implementar integralmente el Acuerdo Final de Paz de 2016,
    • reactivar la mesa de diálogos con el ELN y redoblar esfuerzos por una solución negociada con el resto de actores armados.

Mientras, es urgente que se avance en acuerdos humanitarios que aligeren la gravísima situación que vive la población civil en los territorios, en particular las comunidades étnicas y campesinas en Colombia, y en particular las que están en mayor riesgo como el Catatumbo.


[1] Red compuesta por 40 organizaciones europeas e internacionales, que se dedican a la promoción de derechos humanos y construcción de Paz en Colombia,

La Gran Desregulación de la UE

La desastrosa propuesta ómnibus erosiona los compromisos de responsabilidad corporativa de la UE y recorta los derechos humanos y las protecciones ambientales.

10 de marzo 2025

La publicación por parte de la Comisión Europea de su propuesta Ómnibus de revisión de leyes clave sobre sostenibilidad empresarial envía una clara señal política: La Presidenta Ursula von der Leyen está quitando prioridad a los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente en aras de una peligrosa desregulación. El Consejo y el Parlamento deben mostrar urgentemente su liderazgo bloqueando esta perjudicial propuesta, ya que pone en peligro los objetivos mismos de estas leyes y socava no sólo el compromiso de la UE con sus ambiciones ecológicas y la protección de los derechos humanos, sino también su credibilidad como legislador fiable.

En respuesta a la propuesta Ómnibus, Más de 300 organizaciones de la sociedad civil, incluida OIDHACO, emitieron una declaración instando al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo a revisarlo sin ninguna enmienda destinada a debilitar la CDSDD.

Ver la declaración conjunta (en Inglés)

Nuestra solidaridad es universal.

Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.

Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.

La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.

Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.

Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.

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