Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia

Día: 8 de mayo de 2024

OIDHACO y sus miembros belgas solicitan a la presidencia belga del consejo de la Unión Europea la revisión del tratado de libre comercio con Colombia.

por

Bruselas 7 mayo 2024

Asunto: Revisión del acuerdo de libre comercio entre la UE y Colombia, Perú y Ecuador.

A la presidencia del consejo de la Unión Europea,

Como es de su conocimiento, el acuerdo comercial de la Unión Europea con Colombia, Perú y Ecuador se firmó el 26 de junio de 2012 y fue ratificado por Colombia el 18 de julio de 2013 y entró en vigor provisionalmente el 1 de agosto de 2013 para Colombia.

Desde ese momento estuvo pendiente su ratificación tanto por el parlamento de la Región de Bruselas-Capital como el de la Región valona en Bélgica. La región valona dio su aprobación a finales de 2018 y a final de 2023 el parlamento de la región Bruselas-Capital también lo aprobó. En este momento sigue pendiente su ratificación por parte de la federación Valonia-Bruselas que lo rechazó en la primera lectura.  Sin embargo, está pendiente recabar el dictamen del Consejo de Estado para que el texto pudiera aprobarse en segunda lectura, por lo que el tratado pasaría a estar plenamente ratificado por Bélgica, siendo el último país en hacerlo.

Las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales en sus informes anuales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[i] (OACNUDH) han venido denunciando los continuos abusos y violaciones de los derechos humanos en Colombia durante los años de aplicación del TLC.

Por otro lado, la Comisión de la Verdad del Acuerdo Final de Paz en Colombia, órgano independiente encargado de investigar y esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto armado colombiano, concluye en su informe final[ii] que:   al menos 6.402 civiles habían sido asesinados por el ejército para hacerlos pasar falsamente por «guerrilleros muertos en combate»[iii]. 121.768 civiles fueron víctimas de desaparición forzada[iv]; 8.273.562 víctimas de desplazamiento forzado hasta el 31 de mayo de 2022[v] y más de 8 millones de hectáreas han sido despojadas o abandonadas como consecuencia de la violencia generalizada hasta 2013[vi]5. Más de 34 asesinatos y más de 100 lesiones con pérdida de visión a jóvenes manifestantes víctimas de la violencia policial el 21 de abril de 2021[vii].

Colombia es nombrado como país más peligroso para ser defensor o defensora del medioambiente[viii] según datos de distintas organizaciones como Global Witness[ix] o Somos Defensores[x]. La presión de las empresas mineras, la ganadería extensiva y la agroindustria y los monocultivos no solo pone en riesgo la biodiversidad del país si no que supone un riesgo fatal para las personas que lo defienden.    

La no activación de la cláusula de DDHH del acuerdo durante todos estos años, a pesar de estar plenamente en vigor desde el principio de su aplicación provisional, y a pesar de las múltiples evidencias y denuncias de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos en Colombia, pone en cuestión su función de control sobre el TLC. La falta de participación de la sociedad civil en los mecanismos de control al respeto de los DDHH y laborales hacen que las organizaciones de la sociedad civil soliciten:

  • A la presidencia Belga del Consejo de la Unión Europea, que se ponga en marcha la resolución A-803/3 – 2023/2024 del parlamento de Bruselas para instar a la Comisión Europea a que inicie al proceso de revisión del acuerdo comercial entre UE y Colombia.
  • Que la revisión del acuerdo facilite y concreten los mecanismos de participación de las organizaciones de la sociedad civil para el control y revisión del cumplimiento de las cláusulas.
  • Que la revisión incluya mecanismos eficaces que garanticen la protección del medio ambiente la biodiversidad e incorpore los objetivos de lucha contra el cambio climático.
  • Que el acuerdo comercial garantice de forma efectiva la participación de las organizaciones de derechos humanos y sindicatos, en los mecanismos de control del acuerdo. 

Firman :

Comité pour le respect des droits humains «Daniel Gillard»

SOLSOC

Broederlijk Delen

Bureau International Droits Humains-Action Colombie OIDHACO

 

[i] Informes Oficina Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia.

[ii] Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la No repetición.

[iii] HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES – Informe final, CEV, pag. 131

[iv] HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES – Informe final, CEV, pag. 137

[v] HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES – Informe final, CEV, pag. 169

[vi] HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES – Informe final, CEV, pag. 175

[vii] Colombia : Graves abus policiers à l’encontre de manifestants – HRW https://www.hrw.org/fr/news/2021/06/09/colombie-graves-abus-policiers-lencontre-de-manifestants

[viii] https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20230913-la-colombie-reste-le-pays-le-plus-dangereux-pour-les-d%C3%A9fenseurs-de-l-environnement

[ix] https://www.globalwitness.org/en/press-releases/almost-2000-land-and-environmental-defenders-killed-between-2012-and-2022-protecting-planet/

[x] https://somosdefensores.org/informes-anuales/

Nuestra solidaridad es universal.

Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.

Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.

La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.

Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.

Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.

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