Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia

Día: 7 de mayo de 2024

Llamamiento urgente para la protección de la vida de comunidades y líderes en el sur de Bolívar.

por

Las organizaciones sociales, regionales y nacionales, los fondos, programas y organizaciones
internacionales de protección en Colombia, así como las ONGIs de cooperación que trabajan con
presencia en Colombia, rechazamos enfáticamente el asesinato de Narciso Beleño, perpetrado en Santa
Rosa del Sur el domingo 21 de abril de 2024. Narciso era un dirigente campesino de larga trayectoria,
presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, liderando la lucha de las comunidades del
Sur de Bolívar y el Magdalena Medio en sus esfuerzos para alcanzar una vida digna, sin los impactos de
la violencia. Su trabajo por la construcción de paz y justicia social fue incansable, y su muerte deja en
zozobra a los pobladores en el territorio.
Observamos con gran preocupación cómo la situación en la subregión del sur de Bolívar, en la última
semana y media, según información de organizaciones sociales, medios de comunicación y las
autoridades, ha sufrido la violenta incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El asesinato
de Narciso se suma a múltiples agresiones, entre ellas las retenciones arbitrarias de pobladores y
asesinatos en los municipios de Morales y Arenal. El día 21 de abril aproximadamente 150 personas
provenientes de las comunidades del corregimiento de Micoahumado y otras veredas del municipio de
Morales se desplazaron forzosamente hacia la cabecera municipal de Morales, refugiándose en la
Institución Educativa Vicente Hondarza, para salvaguardar su vida e integridad.
Respaldamos y acompañamos las reiteradas alertas de la comunidad, los Informes de la sociedad civil,
las Alertas Tempranas de la Defensoría, las audiencias defensoriales y los continuos llamados de las
organizaciones de la sociedad civil frente a la situación desesperada de las comunidades del Sur de
Bolívar. Las comunidades de esta región tienen derecho a permanecer en sus territorios, a llevar una vida
libre de todas las formas de violencia, tienen el derecho a la protección del Estado, a la acción de las
autoridades de la fuerza pública, mandatarios locales, la fiscalía y los jueces, para garantizar que en este
territorio no actúen de manera criminal y con plena impunidad, las organizaciones armadas ilegales. Las
comunidades del sur de Bolívar tienen derecho a esperar que los agentes del Estado, en particular los
miembros de la fuerza pública actúen de acuerdo con la constitución y las leyes, y que todas las partes
involucradas en los conflictos armados acaten incondicionalmente las normas y principios del derecho
internacional humanitario.
Como organizaciones de la sociedad civil colombiana y organizaciones internacionales acompañantes,
solicitamos que se proteja de manera efectiva a las comunidades del sur de Bolívar, se den soluciones
estructurales para garantizar la no repetición de los hechos de violencia, se protejan los liderazgos
sociales y el derecho a defender derechos, y que la participación en los mecanismos para la paz no genere
más riesgos a las comunidades y sus liderazgos.
Expresamos a la familia de Narciso, a sus amigos y comunidades que recibieron su trabajo de tantos años,
nuestra profunda condolencia. Esperamos que este crimen y miles de agresiones perpetradas en el Sur
de Bolívar sean investigadas y sancionadas por el sistema judicial, y se ponga punto final al horror y
sufrimiento de las comunidades que viven y trabajan bajo el asedio de los grupos armados criminales
que dominan la región. Que, ante la larga historia de vulnerabilidad de los pobladores de esta región y el
abandono de décadas por parte de las autoridades, su silencio e inoperancia, el gobierno del presidente
Petro dirija la acción coordinada y eficaz del Estado para que cese la barbarie en este rincón del
Magdalena Medio.

Suscriben esta Declaración Pública, las organizaciones:

  • Diakonia (Suecia)
  • Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM)
  • Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD)
  • ABColombia
  • Manos Unidas
  • CIDSE – International Family of Catholic Social Justice Organisations (International)
  • Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP)
  • Fondo de Fortalecimiento y Protección (FFP)
  • Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)
  • Humanidad Vigente
  • Pensamiento y Acción Social (PAS)
  • The Washington Office on Latin America (WOLA)
  • Fundación Instituto para la Construcción de la Paz (FICONPAZ)
  • OIDHACO – Oficina Internacional Derechos Humanos – Acción Colombia (Europa)
  • Misereor (Alemania)
  • Kolko – Derechos Humanos por Colombia e. V. (Alemania)
  • Pax Christi International (Europa)
  • ACAT (Francia)
  • Cooperació (Estado español)
  • Sol de Paz Pachakuti (Estado español)
  • Colectivo Maloka (Estado español)
  • Ask! Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien/Grupo de Trabajo Suiza Colombia (Suiza)
  • Fundación Sueca para los Derechos Humanos (Suecia)

Nuestra solidaridad es universal.

Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.

Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.

La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.

Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.

Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.

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