Se describen las expresiones y tendencias de la criminalización en América Latina, y se formulan recomendaciones a las autoridades de la UE y de las Naciones Unidas en base a casos emblemáticos del Perú, Guatemala, Honduras, Ecuador y Colombia.

El uso de las leyes y de la administración de la justicia en beneficio de grupos que detentan el poder económico y político no es nuevo en la historia de algunos de los Estados de la región latinoamericana.  Este fenómeno se ha dado por lo general en contextos que presentan los siguientes rasgos: democracias disfuncionales,  altos índices de impunidad, desigualdad social y económica, y un uso excesivo de las fuerzas policiales, militares y empresas privadas de seguridad. En los últimos años hemos observado con gran preocupación un fuerte incremento de la tendencia para perseguir, castigar y criminalizar las actividades de protesta social y las reivindicaciones legítimas de los que promueven y defienden derechos humanos, especialmente en el contexto de grandes proyectos de inversión económica.