Resumen webinar: Análisis de los 3 primeros meses de gobierno – Colombia

Alianza de Organizaciones Sociales y Afines / Carolina Maya – Democracia y espacio cívico: alertas ante la concentración del poder y los retrocesos en derechos

Carolina Maya analizó los riesgos para la democracia durante los primeros meses del gobierno de Abelardo de la Espriella, destacando la concentración del poder ejecutivo, el uso de decretos sin suficiente participación ciudadana y el debilitamiento de los contrapesos institucionales. Alertó sobre las restricciones a la protesta social, la estigmatización de personas defensoras y organizaciones sociales, los retrocesos en derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ y las acciones que afectan la memoria histórica. También cuestionó decisiones de política exterior por sus implicaciones para la soberanía nacional. Solicitó a la comunidad internacional mantener estos asuntos en la agenda del diálogo político, vigilar el cumplimiento de las políticas de garantías y sostener la financiación y el acompañamiento a la sociedad civil.

Coordinación Colombia–Europa–Estados Unidos / Olga Silva – Derechos humanos y paz: crisis humanitaria, militarización y amenazas a las salidas dialogadas

Olga Silva expuso un panorama de agravamiento de la crisis de derechos humanos y humanitaria, citando asesinatos de liderazgos sociales y firmantes de paz, masacres, presuntas ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Cuestionó la orientación militar de la respuesta estatal, el cierre de los escenarios de negociación, la paralización de políticas de protección y los intentos de desfinanciar la JEP y la Unidad de Búsqueda. Advirtió que la ambigüedad del proyecto de estatuto antiterrorista podría facilitar la persecución de organizaciones sociales y de iniciativas humanitarias territoriales. Pidió a la UE respaldar las salidas dialogadas, reforzar la protección de personas defensoras y revisar la consideración de Colombia como país seguro, dando prioridad a los derechos humanos y la paz en sus relaciones con el país.

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo / Francisco Henao – Tierra y derechos sociales y ambientales: riesgos para la reforma rural y las garantías territoriales

Francisco Henao centró su intervención en los impactos de las políticas gubernamentales sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente en los territorios rurales. Alertó sobre la paralización de la Reforma Rural Integral, la congelación de la compra de tierras y los recortes que afectarían a las comunidades campesinas y a las mujeres rurales. Cuestionó la flexibilización de las garantías laborales y ambientales y de la consulta previa, el impulso a proyectos extractivos, la falta de transparencia del acuerdo sobre minerales críticos con Estados Unidos y el retorno a la erradicación forzada de cultivos. Subrayó que el debilitamiento presupuestal de la JEP también comprometería los proyectos restaurativos y la reparación territorial. Solicitó fortalecer las alianzas entre organizaciones colombianas y europeas, exigir el cumplimiento de los compromisos internacionales y reforzar la protección de quienes defienden la tierra y el ambiente.

Principales conclusiones

Las plataformas participantes alertaron sobre el cierre del espacio cívico y el debilitamiento de las garantías democráticas durante los primeros meses del gobierno de Abelardo de la Espriella. Señalaron la expedición de decretos sin participación suficiente, las restricciones a la protesta, los discursos estigmatizantes contra personas defensoras y organizaciones sociales y la concentración de poder en el ejecutivo. También denunciaron retrocesos en los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+, así como acciones contra la memoria histórica.

En materia de derechos humanos y paz, las intervenciones destacaron la persistencia de asesinatos de liderazgos sociales y firmantes de paz, masacres, presuntas ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Cuestionaron el cierre de los escenarios de diálogo, la prioridad otorgada a las respuestas militares y la paralización de las políticas de garantías. Asimismo, advirtieron que los recortes presupuestales planteados para la JEP y la Unidad de Búsqueda constituyen una forma de debilitar estas instituciones y afectan los derechos de las víctimas.

Respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se señaló el debilitamiento de la Reforma Rural Integral, la congelación de la compra de tierras y los recortes a programas rurales. También se expresaron preocupaciones por la flexibilización de la consulta previa y las protecciones ambientales, el impulso a proyectos extractivos, la falta de transparencia del acuerdo sobre minerales críticos con Estados Unidos y el retorno a la erradicación forzada. Se destacó que estas decisiones afectan los derechos territoriales y pueden agravar los conflictos.

Recomendaciones a la Unión Europea

Las plataformas solicitaron mantener la democracia, los derechos humanos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la construcción de paz en la agenda europea y en los encuentros de alto nivel con Colombia. Pidieron preguntar por la implementación de las políticas de garantías para personas defensoras y mujeres lideresas, el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y el programa de protección para comunidades y organizaciones en los territorios. También destacaron la importancia de las visitas de verificación, los informes de las embajadas y las auditorías sobre los fondos de cooperación.

Se pidió a la UE respaldar al movimiento social de derechos humanos y de paz, abogar por las salidas políticas y dialogadas al conflicto armado y enviar mensajes contundentes al Gobierno colombiano sobre las situaciones denunciadas. Asimismo, se llamó a acompañar las iniciativas humanitarias y de paz de las comunidades, incluidos sus diálogos territoriales, ante los riesgos de persecución y criminalización. Olga Silva cuestionó expresamente la inclusión de Colombia como país seguro por sus consecuencias para el asilo y el refugio.

Las intervenciones solicitaron sostener la cooperación, la financiación y la asistencia técnica a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente en materia de protección de personas defensoras y derechos de las mujeres y de las poblaciones diversas. También pidieron reforzar la aplicación de las directrices europeas de protección y ampliar el respaldo a iniciativas de defensa del Estado social de derecho, la democracia, la soberanía y los derechos ambientales. Finalmente, se pidió mantener el diálogo tanto con el Estado colombiano como con la sociedad civil y situar los derechos humanos, la democracia y la paz por encima de los intereses económicos y comerciales. En el cierre, OIDHACO subrayó la corresponsabilidad europea por los impactos de sus políticas de drogas, inversión y cooperación, así como por los asuntos que plantea o deja de plantear en su relación con Colombia.

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Nuestra solidaridad es universal.

Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.

Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.

La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.

Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.

Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.

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