Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia

EL DESAFÍO DEL CAMBIO: LA DISPUTA CONTINÚA

Este informe es resultado del trabajo colectivo de las plataformas colombianas de Derechos Humanos, democracia, desarrollo y paz: la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y Alianza de Organizaciones Sociales y Afines (Alianza).

El presente Informe, “El desafío del cambio: la disputa continúa”, corresponde al tercer año de gobierno de Gustavo Petro. No obstante, como ha sido característico en estos Informes, no pretende hacer un balance de conjunto del gobierno; se concentra estrictamente en el análisis de la situación de los Derechos Humanos y en la responsabilidad que en ella le corresponde al Estado colombiano. En este análisis adquiere especial importancia el examen de los factores estructurales que explican la vulneración de muchos de los derechos, con el fin de evaluar qué tanto se han modificado o si persisten todavía, teniendo en cuenta que se propuso un cambio, oferta que despertó muchas expectativas.

Se ha dividido en seis capítulos, cada uno de los cuales toca una perspectiva particular para presentar los hechos y abordar el análisis de la situación de los Derechos Humanos en Colombia. Toma como punto de partida el marco internacional y arranca con una evaluación general de la situación de los derechos humanos en el país; viene luego un examen del resultado de las tentativas de reforma social; en seguida se incluyen informes sobre la difícil situación que se está viviendo en seis regiones y, por supuesto,
un capítulo consagrado al balance de la política de “Paz total”. Para terminar, una valoración, desde diferentes ángulos, de las condiciones actuales de la democracia en Colombia, lo cual ha sido objeto de muchas controversias. Cada capítulo se compone de una serie de artículos. El conjunto tiene un hilo conductor que es una hipótesis de interpretación.

A continuación, se ofrece un resumen del texto y sus principales conclusiones. Desde luego no sin antes advertir que una cabal comprensión, y un mejor provecho, sólo podrá obtenerse de una lectura a fondo del Informe.

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Nuestra solidaridad es universal.

Nos preocupan profundamente todas las víctimas de conflictos armados, represión y violencia en el mundo —desde Sudán hasta Siria, pasando por la persecución de los rohinyás y tantas otras crisis que a menudo reciben menos atención internacional de la que merecen. Cada una de estas situaciones exige solidaridad, memoria, justicia y acción.

Sin embargo, decidimos visibilizar específicamente el mensaje “Stop Genocide Palestine” porque lo que está ocurriendo en Palestina plantea, además de una tragedia humana de enorme magnitud, es un desafío directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y al propio sistema internacional basado en normas. La indiferencia y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional frente al régimen de apartheid impuesto por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino representan una de las mayores contradicciones morales y políticas de nuestro tiempo.

La persistente violación de normas esenciales —como la protección de la población civil, la prohibición de castigos colectivos o el respeto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza— no solo tiene consecuencias devastadoras para la población palestina, sino que también erosiona los mecanismos globales diseñados para limitar el poder de los Estados y prevenir abusos.

Cuando estas normas se incumplen de manera reiterada y sin consecuencias efectivas, se debilita el marco que protege a todas las poblaciones en contextos de conflicto, en cualquier parte del mundo. Por ello, alzar la voz en este caso no implica ignorar otros sufrimientos, sino subrayar la urgencia de defender un orden internacional que, si se desmorona, deja a todas las personas en mayor vulnerabilidad.

Nombrar esta situación es, por tanto, un acto de coherencia con los valores universales que defendemos: la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto al derecho internacional, sin excepciones.

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