A pesar de las persecuciones y violencia, Colombia tiene una sociedad civil muy activa que sigue jugando un papel fundamental en la promoción de la solución negociada al conflicto y la construcción de paz con justicia social. Oidhaco cree en la salida negociada al conflicto armado y al rol de la sociedad civil en la construcción de paz, por lo cual acompañamos estas iniciativas y abrimos espacios de diálogo con la Unión Europea y de los Estados Europeos para que conozcan estás iniciativas y las apoyen.

En 2016, el Estado colombiano  y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–  FARC-EP firmaron un Acuerdo de Paz que contó con el apoyo de la sociedad civil colombiana e internacional así como de varios países europeos y organizaciones multilaterales como la ONU. El Acuerdo aborda temas estructurales que originaron el conflicto armado colombiano e incluye medidas concernientes  a una reforma rural integral y desarrollo rural; la reintegración de las y los excombatientes; reformas políticas para enfrentar la problemática de las drogas y el narcotráfico;  la ampliación de la participación política; y la reparación de las víctimas del conflicto armado.  No obstante, el conflicto armado interno y la crisis humanitaria en Colombia no terminaron con la firma del Acuerdo de Paz, el cual no se ha implementado completamente. Otros grupos armados ilegales continúan su presencia en los territorios, perpetrando hechos victimizantes que afectan desproporcionadamente a poblaciones étnicas y rurales.

Ante este panorama, Oidhaco incide ante la UE, los Estados europeos y el sistema de Naciones Unidas para que apoyen y hagan seguimiento a la implementación integral del Acuerdo de Paz,  que los fondos de cooperación de la comunidad internacional se utilicen para lo pactado en el Acuerdo, de manera transparente, y que los Estados que apoyan esa financiación le hagan un monitoreo constante.

Adicionalmente, Oidhaco visibiliza las afectaciones a la población civil causadas por la persistencia del conflicto armado; incide para que apoyen la salida negociada, especialmente el diálogo con el ELN; el desmonte efectivo del paramilitarismo; y los efectos de la política de defensa y seguridad del gobierno colombiano en la situación de derechos humanos y de DIH, el cierre de espacios para la sociedad civil, la implementación del Acuerdo de paz y en la construcción de paz territorial.