Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO)

Bruselas, 23 de octubre de 2018

El presidente colombiano debe comprometerse ante la Unión Europea al cumplimiento del Acuerdo de Paz y garantizar la seguridad de personas defensoras de derechos humanos en Colombia
En ocasión de la visita a Bruselas de Iván Duque, presidente de Colombia, el 23 y 24 de octubre, la Oficina Internacional de Derechos Humanos - Acción Colombia (OIDHACO) y la Coordinación Belga por Colombia (CBC) hacemos un llamado al presidente colombiano de reafirmar su compromiso ante las instituciones de la Unión Europea y el Gobierno Belga, con la implementación integral del Acuerdo de Paz con las Farc-Ep, así como con las garantías de seguridad para defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales en Colombia.El gobierno colombiano tiene un compromiso de Estado con la Unión Europea y sus Estados miembros, quienes han dado apoyo político, diplomático y financiero al Acuerdo de Paz. La Unión Europea brinda acompañamiento a la Reforma Rural Integral, la reincorporación socioeconómica de excombatientes y la Unidad especial de investigación de la Fiscalía, encargada del desmantelamiento de grupos sucesores del paramilitarismo. 

Como organizaciones de la sociedad civil, expresamos nuestra preocupación frente a:

- Las modificaciones propuestas al Acuerdo de Paz, en especial al sistema de Justicia Transicional que favorecen la impunidad de crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, incluidos crímenes de lesa humanidad, y obstaculizan el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 
- El incremento de agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, particularmente quienes están involucrados en procesos de restitución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos, y quienes apoyan en los territorios la implementación del Acuerdo de Paz. 
- La falta de avances en la implementación de la Reforma Rural Integral, la restitución de tierras y las modificaciones propuestas a la Ley 1448, o Ley de víctimas y de Restitución de Tierras, que atentan contra el proceso de restitución a víctimas de despojo y desplazamiento forzado (cuyas cifras siguen en constante aumento).
- Las limitaciones a la consulta popular que debilita el poder de las comunidades a exigir garantías ambientales y sus derechos humanos frente a proyectos extractivos.- La interrupción de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que obstaculiza la consecución de una paz estable y duradera que involucre a todos los actores del conflicto armado, y perpetúa las dinámicas de violencia asociadas al conflicto, especialmente en los territorios.

Por lo anterior, solicitamos a la Comisión Europea y a la Alta Representante de la Unión Europea, Sra. Federica Mogherini:
Monitorear la implementación del Acuerdo de Paz como se ha pactado, y asegurar trasparencia, seguimiento y evaluación de los proyectos implementados a través del Fondo Fiduciario de la UE. Asimismo garantizar que no hayan modificaciones del Acuerdo que limiten los estándares en derechos humanos, particularmente aquellas que atenten contra los derechos de las víctimas del conflicto armado. 
Instar al gobierno colombiano para que asigne los recursos necesarios para garantizar la implementación del Acuerdo de Paz, incluyendo los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, y la puesta en marcha de proyectos de reincorporación socioeconómica para excombatientes.
Instar al Gobierno colombiano para que implemente medidas efectivas para prevenir, proteger y garantizar la no repetición de los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos,  líderes y lideresas sociales. Asimismo, garantizar las medidas de protección de excombatientes, sus familias y las comunidades. Entre estas medidas deben presentarse resultados genuinos de lucha en contra de la impunidad, aclarando las autorías materiales y sobre todo intelectuales de estas múltiples y constantes agresiones, para así contribuir a la construcción de una Paz duradera y sostenible.
Instar al Gobierno colombiano avances efectivos en el desmantelamiento de grupos sucesores del paramilitarismo, las cuales atentan contra la vida de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, excombatientes y población civil, y producen desplazamiento forzado y violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Para eso es imprescindible un inmediato funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y la presentación de un plan de trabajo, así como los resultados de los planes pilotos presuntamente en marcha en las ciudades de Buenaventura y Tumaco.
Solicitar al Gobierno Colombiano la reanudación de los diálogos de paz con el ELN, incluyendo la discusión conjunta de las partes de los requerimientos para continuar en la negociación y el nombramiento por parte del gobierno de representantes para el diálogo.
 
For more information please contact Jorge Gómez, Coordinator of Oidhaco, , tel.+32 2 5361913