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El pueblo afro-colombiano


 

Frente a la grave situación de los Pueblos Afro descendientes detallada en esa ficha, desde la red OIDHACO pedimos a la Unión Europea - entre otras acciones - crear una legislación vinculante para exigir a sus empresas cumplir con los derechos humanos de la población colombiana, incluyendo a las comunidades afro-descendientes, campesinas y los pueblos indígenas. En sus territorios colectivos las comunidades afro-colombianas sufren de una violencia desproporcionada relacionada con el conflicto armado interno.

 

Según la organización Codhes, más del 12% de esta población está sufriendo los impactos del desplazamiento, y 98,3% de los afrocolombianos desplazados viven bajo la línea de pobreza. Diariamente sufren asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, reclutamientos y desapariciones forzadas. La experta McDougall ha expresado su preocupación por la elevadísima impunidad de estos crímenes, que para el delito de desplazamiento alcanza el 99,8%, y la ausencia de medidas de reparación. Hasta el 80% de los afro-colombianos desplazados viven en las zonas más pobres y peligrosas de las principales ciudades.

 

Otro factor de la violencia y el despojo de los territorios donde vive el pueblo afrocolombiano, al igual que los territorios de los pueblos indígenas y de comunidades campesinas, es el interés de empresas nacionales y transnacionales para explotar los recursos naturales dentro de estos territorios. La presión ejercida por las empresas que quieren implementar megaproyectos económicos en sus territorios aumenta la vulnerabilidad de las comunidades afrocolombianas.

 

Es urgente que la Unión Europea, en el marco del diálogo político y el Diálogo en Derechos Humanos, inste al Estado Colombiano:

• Fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, priorizar la prevención de nuevos desplazamientos y del retorno seguro de las comunidades, de conformidad con las disposiciones de la Corte Constitucional (Auto 005, Auto 092) y los Principios de Naciones Unidas sobre Restitución (Principios Pinheiro).
• Garantizar la protección de las víctimas afrocolombianas que reclaman la restitución de sus tierras, en consulta con sus instancias representativas. Investigar y llevar a la justicia los casos de violaciones a los derechos humanos de las personas afrocolombianas.
• Llevar a cabo procesos reales de Consulta Previa con las comunidades afro-colombianas para garantizar el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Cumplir con urgencia la sentencia T1045A de la Corte Constitucional Colombiana (Suarez, Cauca), referida a la suspensión de la licencia de explotación minera en la zona de La Toma, hasta que se lleve a cabo una consulta libre, previa e informada con las comunidades, y con las demás sentencias de la Corte que refieren a los derechos de la población afrocolombiana.
• Cumplir con las recomendaciones del sistema de las Naciones Unidas incluyendo las del Examen Periódico Universal (2008), del Comité del CERD (2009), y de la Relatora sobre cuestiones de las minorías (Visita a Colombia, 2011).
• Aprobar una legislación para hacer efectivas las disposiciones de la Constitución relativas a la no discriminación que prohíben expresamente la discriminación por motivos de raza y garantizar que se pueda disponer de recursos eficaces para aplicar esa legislación.


Solicitamos a la Unión Europea, en el marco de su estrategia de cooperación y su política comercial:

• Crear una legislación vinculante para exigir a sus empresas cumplir con los derechos humanos de la población colombiana, incluyendo a las comunidades afro-descendientes, campesinas y los pueblos indígenas.
• Incluir como tema específico apoyo para el cumplimiento de los derechos de las comunidades afro-colombianas dentro de sus estrategias de cooperación para Colombia.

 

Para ficha completa ver documento adjunto



 

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