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La Oficina Internacional para los Derechos Humanos – Acción Colombia -OIDHACO- pide garantías para las protestas en el marco del Paro Nacional del 21 de noviembre


El 21 de noviembre inicia en Colombia el Paro Nacional, convocado por diversos sectores sociales que se manifiestan en contra de políticas del gobierno nacional, la falta de avances en la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc-Ep, la situación de


El paro se realiza después de las elecciones regionales de octubre y en continuación al Paro Nacional del 25 de abril , la Minga Nacional por la defensa de la vida, los territorios y la paz de marzo y abril, y las manifestaciones estudiantiles de septiembre y octubre.

 

Organizaciones y movimientos sociales alertan del riesgo del uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la fuerza pública durante las manifestaciones, en especial del escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD), como ocurrió en las protestas estudiantiles de octubre pasado , y del ejército, como durante la minga indígena en la que fueron militarizados los territorios donde se llevaron a cabo las manifestaciones y en el cual ocurrieron hechos violentos contra población civil .

 

En ocasión del Paro Nacional del 21 de noviembre, son hechos de extremada preocupación que el comandante de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro, anunció el acuartelamiento del ejército para que este intervenga en caso de necesitarlo ; el patrullaje del ejército en las calles de la capital del país previo al paro ; el proyecto de decreto con medidas de seguridad para el 21 de noviembre, que incluye la potestad a alcaldes y gobernadores de aplicar el toque de queda y restringir la circulación en lugares públicos ; y la información sobre grupos de civiles que actuarían contra las manifestaciones .

 

A esto se le suma la estigmatización de los sectores convocantes al paro por parte de miembros del partido de gobierno , lo que pone en peligro a los líderes y las lideresas sociales. El pasado 5 de mayo, hubo un intento de masacre contra dirigentes de organizaciones étnicas que se encontraban en una reunión de preparación del diálogo con el gobierno en el marco de las protestas de la Minga Nacional, durante la cual se habían promulgado señalamientos y difamaciones contra las protestas y sus integrantes . Según el programa Somos Defensores, entre enero y septiembre de 2019 ha habido más de 100 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, y solo en octubre 11 líderes y lideresas indígenas han sido asesinados.

 

Las organizaciones también alertan de las detenciones masivas y generalizadas de personas que ejercen su derecho a manifestarse debido a marcos legales que criminalizan la movilización y reducen la garantías para sus ejercicio . Según la campaña "defender la libertad es un asunto de ", del 7 de agosto de 2018 al 31 de marzo de 2019, se registró la detención de 318 personas mediante la figura de "traslados de protección" y 51 personas fueron detenidas con fines de judicialización. En el caso de las protestas pacíficas de estudiantes en octubre, se presentaron 89 detenciones, de las cuales se presume que 2 fueron con fines de judicialización . El 19 de noviembre, organizaciones convocantes del paro y medios de comunicación denunciaron allanamientos a sus instalaciones por parte de la policía .

 

Ante los hechos violentos cometidos contra manifestantes por parte de la Fuerza Pública, a la estigmatización y criminalización de la protesta social y a la militarización de los territorios en el marco de protestas y movilizaciones sociales, Oidhaco solicita a la comunidad internacional estar vigilante en el Paro Nacional del 21 de noviembre e instar al Gobierno colombiano a:

 

• Garantizar el derecho a la protesta social de los ciudadanos y las ciudadanas colombianas como una forma legítima de participación política y de exigibilidad de sus respetos humanos, especialmente importante en un país en transición hacia la paz.


• Avanzar en la implementación de la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio de Interior para implementar el protocolo de protesta social como mecanismo de prevención de uso excesivo de la fuerza por miembros de la fuerza pública.


• Otorgar medidas cautelares para la protección de los y las manifestantes, y abordar los conflictos sociales y políticos y las demandas de los sectores que convocan las protestas por la vía del diálogo.


• Abstenerse de hacer declaraciones que difamen y deslegitimen la movilización social y acusaciones que puedan poner en peligro a las personas que participan en las protestas.


• Investigar e implementar sanciones para los agentes estatales y otras personas responsables de abusos y violencia en el marco de las protestas.

 

Para más información, contactar con Jorge Gomez, Coordinador de Oidhaco, , tel.+32 2 5361913.

 

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