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No se puede acabar con la esencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras


Comunicado público de Oidhaco y de la Coordinación Belga por Colombia (CBC) sobre el proyecto de ley buscando reformar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.


En el marco del trámite del proyecto de ley 131 de 2018, buscando reformar la ley 1448 de 2011 sobre Víctimas y Restitución de Tierras, Oidhaco - la Oficina Internacional para los Derechos Humanos –Acción Colombia, y la Coordinación Belga por Colombia (CBC) manifiestan su preocupación por la posible adopción por el Congreso de la República de medidas regresivas en materia de derechos de restitución de tierras otorgados a las víctimas de despojo y desplazamiento forzado.

La ley de Víctimas y Restitución de Tierras busca por primera vez reconocer a las más de 8 millones de víctimas del conflicto armado en el país y otorgarles derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, con enfoque especial en la restitución de tierras. Después de siete años de aplicación de dicha ley, apenas se han restituido un 4.7% de las tierras despojadas en el país (302.792 hectáreas sobre las 6,5 millones de hectáreas despojadas), y un 63% de las víctimas de despojo no han accedido siquiera a la primera fase del proceso judicial, enfrentando además amenazas y asesinatos por el único hecho de reclamar la recuperación de sus tierras. 


En tal contexto y a tres años del final de la vigencia de la ley, se necesita un compromiso fuerte por parte del gobierno colombiano para que el proceso de restitución de tierras avance, que se garantice el acceso a los derechos de las víctimas y que se aborde una de las causas estructurales del conflicto para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera.

Sin embargo, el proyecto de ley 131 de 2018 presentado por la senadora María Fernanda Cabal, miembro del partido Centro Democrático del actual presidente Iván Duque, pretende atacar la esencia del proceso de restitución de tierras, poniendo la carga de prueba sobre las víctimas de despojo y no sobre los ocupantes de tierras.

Radicado el pasado 5 de septiembre y en trámite a partir de hoy 12 de diciembre en el Congreso, el proyecto busca “dar garantías a los ocupantes” según lo afirma la señora Cabal, cuando ya existen esas garantías para ocupantes de buena fe en la ley 1448 de 2011, así como crear una segunda instancia para beneficiar a los ocupantes declarados como despojadores en primera instancia, lo que, demoraría aún más el proceso de restitución.

Este tipo de reformas se articulan con leyes ya existentes (como las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social) y proyectos de leyes en discusión (proyectos de ley 003 de 2018 sobre la reforma agraria y 134 de 2018 sobre la consulta previa) que intentan facilitar la entrega de tierras a grandes inversionistas para desarrollar actividades agroindustriales, a pesar de los procesos de restitución y consulta con las comunidades en curso.

Por lo tanto, solicitamos a la Unión europea y sus Estados miembros, que se comprometieron a acompañar el punto 1 del Acuerdo de Paz con las Farc-Ep relativo a la Reforma Rural Integral, que insten al gobierno colombiano:

  • Garantizar una política de restitución de tierras basada en el respeto de los derechos de las víctimas a la reparación integral, al retorno y a garantías de no repetición, incluyendo medidas de protección para reclamantes de tierras.
  • Privilegiar siempre el derecho al territorio y a la restitución de las comunidades étnicas y campesinas por encima de los proyectos agroindustriales y extractivos.

Para más información contactar a Jorge Gómez, Coordinador de Oidhaco, , tel.+32 2 5361913.

 

 

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