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Buenaventura: Una crisis humanitaria sin respuesta - Informe del Servicio Jesuita a Refugiados


Análisis de las dinámicas y de la configuración del conflicto armado en la zona que ha llevado en el 2012 a múltiples asesinatos y desapariciones así como al desplazamiento de 5,442 personas, en su mayoría en desplazamientos masivos.


El presente informe aborda la dramática situación que viven las víctimas del desplazamiento forzado en el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca. Esta crisis humanitaria se deriva de la no inclusión de las víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) creado por la Ley 1448 de 2011, y por la incapacidad del Estado de contener el avance de los llamados grupos neo-paramilitares, responsables de la mayoría de los desplazamientos forzados en esta zona del país.

Este caso, considerado emblemático por ilustrar en todas sus dimensiones lo que ocurre en gran parte del territorio nacional donde existen disputas territoriales de estos grupos, pone en evidencia una grave falla en la regulación legal que sustenta la atención humanitaria que debe dar el Estado a las víctimas de desplazamiento por grupos neo-paramilitares. Como consecuencia de ello en Buenaventura, durante el año 2012, el Estado ha sido incapaz de dar una respuesta apropiada a nueve desplazamientos masivos, que dejaron un total de 5.242 personas expulsadas de sus hogares por la guerra declarada entre dos grupos neo-paramilitares: los ‘Urabeños’ y los ‘Rastrojos’, estos últimos, representados por su filial la ‘Empresa’.

El caso de Buenaventura demuestra a su vez la existencia de una nueva forma del paramilitarismo, personificada en los grupos neo-paramilitares, quienes continúan desarrollando actividades militares y control territorial, y efectuando amenazas y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario bajo el mismo modus operandi que los grupos paramilitares pre-desmovilización. La falta de reconocimiento de estos grupos como actores del conflicto armado ha resultado en la adopción de estrategias ineficaces para combatirlos por parte del Estado colombiano, así como en la falta de reconocimiento de sus víctimas en el marco del conflicto armado por parte del gobierno.

Este informe se fundamenta en el seguimiento que hizo el equipo regional del SJR-Valle con sede en Buenaventura a la respuesta que proporcionó el Estado colombiano a las víctimas del desplazamiento forzado en 2012. Se encontró que la falta de atención estatal acentuó la crisis humanitaria de las víctimas del desplazamiento. Esta situación se deriva de la interpretación que hace el gobierno de los arts. 3 y 60 de la Ley 1448 de 2011, en la que se liga la ayuda humanitaria al proceso de inclusión en el Registro Único de Víctimas, el cual depende del reconocimiento de los victimarios (para el caso grupos neo-paramilitares)como actores del conflicto.

Sobre este último asunto, la Corte Constitucional en Sentencia C-718 de 2012 ha concebido la necesidad de comprender el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 en un sentido amplio, señalando que la expresión ‘con ocasión del conflicto armado’ “recoge un fenómeno complejo que no se agota en la ocurrencia de confrontaciones armadas, en las acciones violentas de un determinado actor armado, en el uso de precisos medios de combate, o en la ocurrencia del hecho en un espacio geográfico específico, sino que recogen la complejidad de ese fenómeno, en sus distintas manifestaciones y aún frente a situaciones en donde las actuaciones de los actores armados se confunden con las de la delincuencia común o con situaciones de violencia generalizada”.

Igualmente la Corte Constitucional en Sentencia C-253A/2012 ha señalado que: “los daños originados en las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos cometidas por actores armados con estructura militar o dominio territorial, como consecuencia de acciones que guarden una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado, podrán ser invocados por sus víctimas, en los términos de la Ley 1448 de 2011, para los fines en ella previstos, previa la demostración respectiva.”

Actualmente, el proceso de valoración para el registro en el RUV, se hace mediante la aplicación de los “Criterios de valoración de las solicitudes de inscripción en el registro único de víctimas –RUV-, en los términos del artículo 3 de la ley 1448 de 2011: ‘por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación Integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones’”, adoptados por el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (24 de mayo de 2012). Sin embargo, estos criterios no han sido ajustados a la actual jurisprudencia de la Corte Constitucional, motivo por el cual graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario no están siendo registradas como hechos que ocurrieron ‘con ocasión del conflicto armado’.

El SJR también hizo seguimiento a la configuración del conflicto en la zona y a las dinámicas que se han generado en torno a este. De este trabajo se puede concluir que el conflicto que vive el Distrito de Buenaventura cumple con los requisitos para ser considerado un conflicto armado interno y por lo tanto está regido por los principios del Derecho Internacional Humanitario, particularmente el Artículo 3 común a los Cuatro Convenios de Ginebra (de los cuales Colombia es parte). Asimismo, cumple con los parámetros y criterios otorgados por la Corte Constitucional en su Sentencia C-718 de 2012. Esto obliga a Colombia a reconocer a las víctimas del desplazamiento forzado como víctimas de un actor armado en el territorio.

De otro lado, el Estado colombiano tiene la obligación de dar aplicación a los Principios Rectores de los Desplazados Internos, los cuales por disposición de la Corte Constitucional hacen parte del bloque de constitucionalidad, así como a los tratados de Derechos Humanos tales como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos (instrumentos que también hacen parte del bloque de constitucionalidad colombiano), mediante los cuales el Estado tiene la obligación positiva de garantizar los derechos humanos de esta población.

Adicionalmente, el informe hace un análisis del cambio normativo y de la respuesta institucional que se ha generado como resultado de la aplicación de la Ley 1448 de 2011 en relación con la Ley 387 de 1997, creada para dar respuesta al desplazamiento forzado.

En este sentido el SJR considera que las autoridades públicas encargadas de velar por la protección de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado, pueden aplicar la definición de víctima de desplazamiento forzado contenida en el Artículo 1 de la Ley 387 de 1997, situación que permitiría el ingreso de la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV).

El SJR defiende la tesis de que la aplicación de dicho artículo es posible puesto que cumple con el principio constitucional de no regresividad, y porque la definición del Artículo 1 de la ley 387 de 1997 no resulta contraria a las disposiciones de la ley de víctimas. En virtud de la anterior interpretación, las víctimas de desplazamiento forzado con ocasión del conflicto armado, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores, deberían ser registradas y atendidas por el SNARIV.

En este orden de ideas, este informe concluye realizando dos recomendaciones, mediante las cuales se lograría asistir y ayudar humanitariamente a las víctimas del desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes causados por neo-paramilitares, tanto del Valle del Cauca, como de la totalidad del territorio colombiano.

Primero, el reconocimiento de las víctimas de hechos causados por neo paramilitares y su derecho a ser asistidas en el marco de protección y garantía previsto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la Constitución Política y en el Bloque de Constitucionalidad, por lo cual el SJR solicita su inclusión en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV). En su defecto, la creación de un sistema que le permita al Estado colombiano cumplir con sus obligaciones positivas y negativas para garantizar los derechos humanos de estas víctimas.

Segundo, teniendo en cuenta el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las obligaciones que tienen los Estados para garantizar y proteger los derechos humanos, incluyendo las disposiciones de los Principios Rectores y el principio constitucional de ‘prohibición de regresividad’, es posible aplicar la definición de desplazamiento forzado contenida en el Artículo 1 de la Ley 387 de 1997. Por lo tanto, el SJR recomienda que la totalidad de víctimas de desplazamiento forzado previstas en la definición del Artículo 1 de la Ley 387 de 1997 sean incluidas al RUV y sean atendidas por el SNARIV.

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