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Conclusiones preliminares de la Misión Internacional de Verificación de la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia


La Misión que se llevó a cabo del 28 noviembre al 2 diciembre de 2011 constaba de 40 personas. Visitó 8 regiones del país para entrevistarse con varias docenas de organizaciones y centenares de defensores, así como con autoridades locales, regionales y na


La Misión que se llevó a cabo del 28 noviembre al 2 diciembre de 2011 constaba de 40 personas. Visitó 8 regiones del país para entrevistarse con varias docenas de organizaciones y centenares de defensores, así como con autoridades locales, regionales y nacionales.

 

La Misión tuvo constancia de que en su gran en su gran mayoría, las agresiones a los defensores, incluyendo crímenes graves como asesinatos y desapariciones, continúan en la impunidad.

 

Se observó una serie de factores que contribuyen a la impunidad :

  • Un temor generalizado a represalias en caso de denuncia de las agresiones. Los ejemplos de preocupación que la Misión escuchó incluyen el que algunas fiscalías operan dentro de guarniciones militares; que los denunciantes son llamados a una instalación militar para ratificar la queja; las denuncias se filtran y aparecen pocos días después en manos de los agresores; en ocasiones los organismos de investigación tienen una actitud amenazante frente a determinados grupos vulnerables.
  • Muchas autoridades (a nivel regional) niegan la existencia de grupos armados ilegales, particularmente de los paramilitares o nuevos grupos ilegales. Dicha negación no conduce a investigaciones serias en casos de agresiones ni a medidas de prevención.
  • En muchas ocasiones las agresiones a los/as defensores/as son considerados como casos aislados y tipificados como un delito común, sin relación con su labor de defensa de derechos humanos.
  • En algunos casos la Fiscalía se muestra remisa a recibir denuncias. Esta situación contrasta con la aparente diligencia con la que avanzan las investigaciones cuando un/a defensor/a es judicializado.

 

La protección que reciben los/as defensores/as no es adecuada. Es muy necesaria y ha contribuido claramente a la protección de defensores/as pero los esquemas de protección carecen de perspectiva integral y de enfoques diferenciados. El otorgamiento de medidas puede ser muy lento e ineficiente. No hay avances en las investigaciones de los ataques.

 

Las prácticas de señalamientos y estigmatizaciones de parte de grupos al margen de la ley, pero también de autoridades civiles y militares, son todavía demasiado frecuentes. También se ha notado un incremento en señalamientos presuntamente provenientes de actores no estatales, como las empresas mineras, cuando las comunidades expresan preocupaciones por los posibles impactos de las actividades de dichas empresas. La Misión notó con mucha preocupación una creciente tendencia por la cual se desprestigia a las víctimas que están buscando justicia, con descalificaciones, tildándolas de "oportunistas".

 

La Misión reconoce y saluda las medidas que el Gobierno ha tomado para reformar los sistemas de inteligencia estatal. Sin embargo, la Misión recibió numerosas informaciones en el sentido de que los defensores/as siguen muy preocupados por hechos que continúan como robos de material informático por ejemplo. Se reportó el uso de información proveniente de inteligencia militar en la judicialización de defensores, pese a que existe jurisprudencia clara y memorandos de la Dirección Nacional de Fiscalías que establecen que la inteligencia militar nunca puede ser considerada como prueba en una causa penal.

 

La Misión ha conocido repetidos casos de defensores que han sido judicializados en procesos con múltiples irregularidades. La Misión ha sabido que la Fiscalía ha iniciado un proceso para mejorar la investigación de los casos contra defensores/as para evitar judicializaciones infundadas, y espera que este proceso arroje frutos lo antes posible.

 

La Misión formuló una serie de recomendaciones a las autoridades colombianas para:

 

1. Poner fin a la impunidad frente a la violaciones que sufren tanto las víctimas como quienes defienden sus derechos.

2. Mejorar de manera estructural los programas de proteccion de personas en riesgo

3. Poner fin a la estigmatizacion y los señalamientos sistematicos

4. Poner fin al mal uso de la inteligencia estatal

5. Poner fin a las judicializaciones sin fundamento

 

Para acceder a la versión completa de las conclusiones preliminares y de las recomendaciones, por favor ver archivo adjunto.

 

 

Para entrevistas realizadas a miembros de la misión ver: http://www.telebraille.tv/?p=485

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